Hoy Vox es de los pocos partidos que mantienen un crecimiento en las encuestas, y se encuentra buscando su techo de votantes potenciales. Una formación cuyo programa ha sido capaz de seducir a votantes que históricamente se encontraban en el bloque de la abstención, votantes disgustados con la gestión del Partido Popular en la etapa de Mariano Rajoy, votantes muy jóvenes, y grupos de población que se encuentran en entornos de una renta per cápita baja.

Muchos de estos grupos de votantes se le han resistido históricamente al Partido Popular por lo que, de seguir esta tendencia, puede que exista unos reequilibrios de fuerzas en el medio y largo plazo más allá de la captación de votantes dentro de los tradicionales bloques de izquierda y derecha.

A pesar de que se les tiende a etiquetar como extrema derecha, no existe una visión antieuropea disruptiva como puedan presentar el Frente Nacional de Le Pen o la Liga de Salvini, sino que su posición política está vinculada a retornos de competencias desde la esfera europea. En ningún caso, se opta por la salida del euro y vuelta a la peseta.

Sin embargo, nos encontramos denominadores comunes como un proteccionismo para el comercio o la libre circulación de personas, a las que se une un refuerzo de la identidad nacional que se traduce en la reivindicación de las competencias cedidas.

Un discurso económico de bajadas de impuestos pero contrario a la globalización

Es difícil aplicar el término liberal en su discurso económico cuando, por un lado, apuestan por un menor peso del Estado en la economía pero, por otro lado, no defienden la libre circulación de mercancías o de personas que han sido factores puntales de la globalización.

Y sí, no encontramos en el arco parlamentario un partido en España que agrupe un programa económico con mayores bajadas de impuestos que Vox y simplificación administrativa. Entre sus múltiples medidas de bajadas de impuestos tenemos que destacar el tipo único del 20% en IRPF (30% para rentas superiores a 60.000 euros), Impuesto de Sociedades del 20% (pymes 15%), supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre sucesiones y Donaciones y Plusvalías municipales en todo el territorio nacional.

Ahora bien, en concepto de globalización está siendo atacado por la formación política de Abascal y no solo en el aspecto de inmigración (libre circulación de personas) que repasaremos más adelante, sino por una visión anti globalización con tintes proteccionistas.

Una de las vías para discriminar las empresas extranjeras es a través de los concursos públicos. Se persigue apoyar a las empresas españolas incorporando como computable, en los criterios de evaluación de los concursos públicos, que la empresa tenga su sede y que tribute en España. Esto nos pone entre el dilema de si es preferible seleccionar a una empresa extranjera desarrolle un servicio más barato o una empresa nacional que ofrezca el mismo servicio encarecido.

Programáticamente, y por ahora, no hay mayores medidas para impedir a las empresas extranjeras el comercio con España. Pero, por ejemplo, en sus últimos discursos están orientados a los problemas del campo por competir con productos extracomunitarios porque están elaborados con "mano de obra esclava". De ahí se deriva la necesidad de "acuerdos bilaterales" para la negociación de aranceles. Proteccionismo puro.

Maximizar las competencias para el Estado Central

Una de las diferencias existentes frente al actual consenso de partidos es que hay que volver a un esquema de centralización de competencias que actualmente ostentan las autonomías y, en última instancia, se insta a su supresión.

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Su objetivo no es otro que transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario. Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España. Como paso previo: devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica.

También implicarían al Régimen Foral. Se propone la supresión del Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro y la incorporación de ambas regiones y sus Diputaciones Forales al Régimen Común.

Este punto es complicado de materializar, ya que España es uno de los países más descentralizados en el mundo, lo que significa que la administración intermedia tiene un peso mayor sobre el gasto público del conjunto de las Administraciones Públicas y todo ello se debe al amplio consenso existente.

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Esto se fundamenta porque España se ha caracterizado por ser un territorio heterogéneo unido a una baja densidad de población en determinados núcleos. Existen importantes diferencias culturales, lingüísticas e históricas entre las regiones que ha dado lugar a la descentralización administrativa del territorio.

Es más, su potencial socio, el Partido Popular, ha sido uno de los protagonistas históricos del actual tejido administrativo, por lo que en esta materia en cuestión es difícil un proyecto común. La visión sobre la organización territorial entre ambos partidos es diametralmente opuesta.

Cuando hablamos de centralización de las competencias, nos referimos que queden bajo la mano del Estado Central aquellas que pertenecen a las autonomías. Pero, desde una óptica europea, el objetivo sería revertir la cesión de competencias, lo que significa descentralizar Europa. Su propósito es incrementar considerablemente el peso del Estado Central español en la toma de decisiones, con una apuesta por la bilateralidad frente a los organismos supranacionales.

El discurso contrario a la inmigración ilegal

La inmigración ha sido uno de los temas que más alejados ha estado de la agenda política. Vox ha encontrado un importante caladero de votos a través de su discurso contrario a la inmigración ilegal, especialmente vinculada al islamismo.

En su discurso nos encontramos la deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen, levantar un muro infranqueable en Ceuta y Melilla, el cierre de mezquitas fundamentalistas, expulsión de los imanes que propaguen el integrismo, el menosprecio a la mujer, o la yihad, prohibición de erigir mezquitas promovidas por el wahabismo, el salafismo, o cualquier interpretación fundamentalista del Islam.

La sanidad es para los españoles y de ahí se propone la eliminación del acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales y copago para todos los residentes legales que no tengan un mínimo de 10 años de permanencia en nuestro suelo. Se cubrirán únicamente servicios de urgencia.