El Senado aprobó esta tarde, a viva voz y sin debate, la Resolución Conjunta con que la Legislatura le ordena al gobierno posponer hasta el 15 de enero de 2022 -o una fecha posterior- la implementación del contrato de Luma Energy.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votó en contra con un voto explicativo.

El contrato dispone que Luma Energy entraría de lleno como privatizador de la Autoridad de Energía Eléctrica el 1 de junio. La medida dispone que, en ese tiempo adicional se podrían hacer enmiendas al contrato.

El gobernador Pedro Pierluisi y la Junta de Supervisión Fiscal han señalado que el contrato no necesita enmiendas.

La pieza legislativa, impulsada en la Cámara de Representantes por el popular Luis Raúl Torres, ordena expresamente el cumplimiento de esta disposición a la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), la Oficina de la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno (OATRH), a la AEE y al Negociado de Energía

De otra parte, el representante Torres defendió los hallazgos de su pesquisa.

“Con todos los hallazgos que hemos encontrado en esta investigación, resulta claro que nuestra responsabilidad como legisladoras y legisladores es proteger los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y que incluyan las enmiendas… pero al menos tenemos que abrir la puerta para que ese contrato pueda ser enmendado para proteger los mejores intereses de Puerto Rico y los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica”, dijo el representante popular Luis Raúl Torres cuando se aprobó la resolución en la Cámara el 7 de abril.