La vuelta a clases durante la pandemia dejó al desnudo problemas edilicios, de infraestructura y de falta de cargos. Es así que gran parte de los establecimientos educativos de la provincia no contaron con las condiciones necesarias para llevar adelante los protocolos enviados desde el Ministerio de Educación.

La ciudad de San Nicolás no fue la excepción y muchas y muchos docentes de escuelas y jardines están trabajando solo de manera virtual por este motivo.
Pero también sabemos que han quedado al desnudo otras problemáticas que exceden a la pandemia, como es el caso del Jardín 918 del Barrio San Martín que tiene problemas de infraestructura, con rajaduras en las paredes, el cual no puede reabrir sus puertas debido al peligro que representa, situación similar que está atravesando el Jardín 902 de Barrio Alto Verde, a la espera de respuestas para saber si el establecimiento está apto para la presencialidad. La escuela Media 7 se encuentra con un solo turno presencial por la falta de auxiliar al igual que el Jardín 921 y 910, como también es el caso de algunos CENS de la ciudad. Este tipo de problemáticas se replican en numerosas escuelas de la ciudad y la provincia.

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Las docentes han puesto el cuerpo a la educación en pandemia, con la continuidad pedagógica, la entrega de bolsones y la comunicación con las familias.
A su vez la conectividad no está garantizada para docentes y niños lo cual representa un limite enorme para continuar enseñando y aprendiendo. Esto profundiza la desigualdad y niega el derecho a la educación.

Los problemas edilicios, producto de la desinversión de los diferentes gobiernos en educación, no pueden esconderse y el Estado y el gobierno provincial son responsables. Mientras se cumplen 31 meses del crimen social de Sandra y Rubén en Moreno, muchos establecimientos siguen en la misma situación y nos se han construido nuevas escuelas ni jardines.

Para pelear por edificios seguros y evitar los contagios, desde la agrupación docente Marrón proponemos organizar comisiones de seguridad e higiene entre docentes, auxiliares, estudiantes y las familias trabajadoras para decidir democráticamente el retorno a las clases presenciales, además de controlar y exigir al Estado todas las medidas de infraestructura, sanitarias, los insumos correspondientes, conectividad gratuita y un plan de vacunación universal.