RUSIA. La operación Navalny: Otro intento de plegar al Gobierno ruso a los intereses del imperialismo yanqui

De Alexei Navalny se podría decir, en pocas palabras, que es un abogado y político ruso opositor al gobierno de Vladimir Putin con varios años de trayectoria, con poca popularidad entre los ciudadanos rusos, pero con bastante proyección desde los medios estadounidenses y europeos.

Abrió un blog en internet donde escribía para hacer llamados a manifestaciones en Moscú. Creó la ONG Fundación Anticorrupción en 2011, plataforma con la que comenzó su aparente lucha para exponer tramas de corrupción en el gobierno ruso. Su nombre circuló en las noticias cuando fue detenido por participar en las protestas que hubo entre 2011 y 2013 por un supuesto «fraude electoral» en las elecciones legislativas de diciembre de 2011.

El escritor ruso Keith Gessen, que comparte con él su rechazo a Putin, hizo un perfil de Navalny en 2013, cuando un juez en Rusia lo declaró culpable de malversación de fondos con la empresa maderera Kirovles:

«Navalny es un derechista. Está a favor del mercado, a favor de las armas (una posición poco común en el campo político ruso) y antiinmigración. Su plataforma electoral (ha anunciado su candidatura a la alcaldía de Moscú) incluye un lenguaje sobre la creación de condiciones ‘competitivas’ para los servicios públicos, los hospitales y las escuelas. Esto surge directamente del libro de jugadas neoliberal (…) y conduce principalmente al cierre de escuelas, clínicas, hospitales ‘no competitivos’ y altos precios de la electricidad».

El portal Moon of Alabama expone otros aspectos oscuros del opositor. Explica que el partido de oposición liberal Yabloko lo expulsó de sus filas por «connivencia con el movimiento neonazi ruso». Añade que es un «archinacionalista» que aboga por «Rusia para los rusos», negando la diversidad multiétnica del país euroasiático.

Adicionalmente, el opositor ruso fue miembro de Yale World Fellow, un programa internacional de becas de la Universidad de Yale. En 2010, Navalny pasó varios meses en New Haven, Connecticut, como becario de la institución. «Fue parte de una cohorte extraordinaria que tenía varios compañeros que decidieron después de esa experiencia que iban a dedicarse a la política», dijo la directora del programa, Emma Sky.

También es un agente pagado por la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés). En colaboración con la rusa Mariya Gaydar («ardiente promotora de la democracia», según palabras del Departamento de Estado) creó un grupo en Rusia que recibió dinero de la NED: la Alternativa Democrática (AD!).

En un artículo del Departamento de Estado sobre los movimientos juveniles en Rusia, Gaydar admitió el financiamiento de la NED, pero dijo que no lo divulgaba «por temor a parecer comprometida por una conexión estadounidense».

Volviendo a su juicio por implicaciones en actos de corrupción, los tribunales rusos lo condenaron a cinco años de prisión. Navalny (y la prensa extranjera) defendió su inocencia sin presentar mayores pruebas. Más adelante su sentencia de cárcel fue suspendida, pero bajo libertad condicional.

El caso suscitó algunas manifestaciones en Moscú que fueron utilizadas para inflar su figura como la de un «líder político» capaz de convertirse en una especie de amenaza o rival para el presidente Putin.

Las encuestas contradicen ese intento de posicionar a Navalny. Obtuvo el 27,5% de los votos cuando se presentó a las elecciones a la alcaldía de Moscú, a pesar de que la fiscalía rusa lo acusó de haber recibido donaciones ilegales del exterior para su campaña.

De ahí en adelante, su «notoriedad» fue en picada. Así lo constató la ONG rusa Centro Levada en una publicación de 2017 donde evaluaba el reconocimiento y actitud hacia Navalny, justo cuando él asomaba las pretensiones de postularse para las elecciones presidenciales de 2018, sabiendo que la sentencia por el caso de Kirovles lo inhabilitaba políticamente.

Según el instituto, en 2017 solo el 1% de la población rusa afirmó estar dispuesto a apoyarlo «definitivamente» y el 9% dijo que era «posible» que lo hiciera. Ese mismo indicador en 2011 fue de 5% y 28%, respectivamente. En total, el porcentaje de aprobación pasó de 33% a 10%.

En 2011 solo el 6% de los rusos sabían quién era Navalny. Después que empezó a recibir el impulso de los medios occidentales, la cifra subió a 47% en 2017. Si se valora en términos absolutos, el apoyo a Navalny se duplicó: pasó del 2% de la población rusa al 4,6% en esos seis años.

Pero si se valora en términos de proporción, los datos del Centro Levada hacen concluir que mientras más notorio se hizo el nombre Navalny, menos popularidad ganó en el país.

EL CASO DEL ENVENENAMIENTO Y SU FINAL ESPERADO EN NORD STREAM 2

El 20 de agosto de 2020, el avión que volaba de Tomsk (Siberia) a Moscú tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Moscú porque Navalny, que viajaba ahí, se enfermó. Su secretaria de prensa, Kira Yarmysh, hizo el anuncio y añadió que estaba inconsciente.

Navalny entró en coma, fue hospitalizado y atendido por médicos en la unidad de cuidados intensivos, lo conectaron a un ventilador. Al día siguiente ya se encontraba estable.

Yarmysh se adelantó a denunciar que a Navalny lo habían «envenenado con algo mezclado en su té», que fue lo único que tomó antes de tomar el vuelo, según ella. Los médicos realizaron exámenes y no encontraron evidencias de envenenamiento. Diagnosticaron provisionalmente un trastorno metabólico que provocó una disminución muy brusca en el nivel de azúcar, asociado probablemente a una intoxicación por el uso incorrecto de fármacos.

El gobierno de Rusia autorizó la solicitud de su familia para que fuera trasladado a Alemania. Al llegar a Berlín, lo ingresaron en el hospital Charité. Los especialistas alemanes lo sometieron a otras pruebas que llevaron a una conclusión completamente distinta y precipitada: la de una intoxicación producida por envenenamiento

A pesar de que ni los médicos rusos ni los alemanes pudieron determinar con exactitud qué sustancia causó los síntomas de Navalny, Berlín continuó con la teoría del veneno. La declaración final despejó las sospechas de detonadores políticos tras el interés por el diagnóstico de Navalny: «El portavoz de la canciller Angela Merkel, Steffen Seibert, dijo en un comunicado que las pruebas realizadas por un laboratorio militar especial alemán mostraron pruebas de Novichok».

Las autoridades alemanas rechazaron la solicitud del gobierno ruso a que compartiera las muestras biológicas que dieron positivo al Novichok para verificar su valor probatorio.

El Novichok es un agente nervioso que fue desarrollado en la Unión Soviética durante la Guerra Fría para usarse como arma de destrucción masiva. Es sumamente letal. De haber sido usado para eliminar a Navalny, este moriría «en menos de diez minutos» sin darle tiempo ni siquiera de abordar el avión, aseguró Leonid Rink, uno de los investigadores que participó en la creación del arma. Agregó que sería casi imposible detectar su rastro porque la cantidad necesaria de esa sustancia para acabar con la vida de una persona es cercana a una milésima de miligramo y porque el arma está diseñada para degradarse inmediatamente después de su uso.

Los medios de comunicación habían preparado el terreno sobre esta teoría con anticipación, así como lo hicieron con el suceso del supuesto envenenamiento del agente doble británico-ruso Sergei Skripals y su hija, que curiosamente tampoco resultaron muertos por la exposición a la sustancia mortal.

¿Qué motivos tendría Rusia de asesinar a un agente doble al que había liberado previamente de la cárcel y que vivía tranquilamente desde hace ocho años en Gran Bretaña? ¿Qué motivos tendría Rusia de envenenar a un tipo con una notoriedad política prácticamente nula, permitir que recibiera atención médica y luego dejar que fuera trasladado a un hospital en Alemania?

El que sí pudo aprovechar la situación, en el caso del gobierno británico culpando a Moscú del «ataque» a los Skripals, fue el poder político establecido en Washington que aumentó la presión para lograr que más países europeos se unieran a la campaña antirrusa. El corresponsal de guerra Elijah Magnier también vincula la trama con el teatro de operaciones en el Sudoeste Asiático, que en ese momento estaba teniendo un avance del ejército sirio en al-Ghouta con ayuda de sus aliados rusos.

Todo apunta a que lo de Navalny va en una dirección similar. El periodista Finian Cunningham escribió a comienzos de la trama que esta llegaba «en un momento oportuno» para el gobierno estadounidense.

Demócratas y republicanos del Congreso de Estados Unidos, aparentemente discordantes en otros temas, coinciden en el acoso al proyecto ruso-alemán Nord Stream 2. A finales de 2019, los congresistas aprobaron sanciones contra las compañías que intervienen en la construcción, en un intento de detenerla. Por su parte, el entonces secretario de Estado de la Administración Trump, Mike Pompeo, dijo a los congresistas, días antes del suceso de Navalny, que «haría todo lo posible» para que Nord Stream 2 no se completara.

Estimado en 10 mil 600 millones de dólares, la finalidad de este estratégico gasoducto es transportar gas natural desde Rusia hacia Alemania a través del mar Báltico. Nord Stream 1 fue concluido en 2011. Del segundo se han colocado 2 mil 300 km del total de 2 mil 460 km, y se espera que lo inauguren en 2021. Su paralización significaría para el país germano y otros países europeos dejar de recibir el hidrocarburo a un precio mucho más barato del que pagarían a empresas estadounidenses.

«Lo más revelador es que la mayor repercusión política (del caso Navalny) es la exigencia imperiosa de que Merkel abandone Nord Stream-2», señala Cunningham.

La primera posición de la canciller alemana ante el caso de Navalny fue poner el tema separado del proyecto Nord Stream 2. Días más tarde asomó la posibilidad de ceder ante las presiones de la derecha alemana y no descartó que el gasoducto fuera cancelado si «Rusia no investiga a fondo el envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny», dijo su portavoz.

DETENCIÓN DE NAVALNY Y PROTESTAS EN RUSIA: UNA CRONOLOGÍA MÍNIMA

El lunes 18 de enero, tras su llegada a Moscú desde Alemania, donde había permanecido durante los últimos cinco meses, Navalny fue detenido por haber violado su libertad condicional. Ese mismo día en la tarde, autoridades rusas lo trasladaron al segundo departamento de policía del Ministerio del Interior para el distrito de la ciudad de Khimki e iniciaron un proceso judicial con acceso limitado de periodistas por las medidas preventivas de la pandemia. El tribunal dictó una sentencia de arresto por 30 días. Las reacciones de actores no involucrados no se hicieron esperar: el ministro de Relaciones Exteriores alemán pidió su «liberación inmediata»; el canciller británico mostró «preocupación» y dijo que Rusia debía explicar el «uso de armas químicas»; el asesor del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, señaló que la detención era «no solo una violación de los derechos humanos, sino también un desafío para el pueblo ruso»; el Parlamento Europeo pidió detener la construcción del Nord Stream 2 y que se emitieran sanciones contra Rusia. A todos estos claros actos de injerencia extranjera en asuntos internos, el canciller ruso Sergei Lavrov declaró que era «como un modelo (…) Esto permite, aparentemente, a los políticos occidentales pensar que de esta manera podrán desviar la atención de la crisis más profunda en la que se encuentra el modelo de desarrollo liberal». Partidarios de Navalny y él mismo comenzaron a convocar por internet a concentraciones que violaban las medidas de distanciamiento social tomadas para el control de la pandemia de covid-19. El Ministerio del Interior y la Fiscalía General advirtieron la responsabilidad tanto de los organizadores como de los participantes de base en esas protestas no autorizadas. El Roskomnadzor (organismo de regulación de medios de comunicación rusos) impidió que se difundieran en internet los llamados a manifestar dirigidos a menores de edad. El viernes 22 de enero, la misión diplomática estadounidense en Moscú publicó un listado con los lugares donde iban a desarrollarse las protestas ilegales en 12 ciudades rusas. El sábado 23 de enero, unas cuantas miles de personas asistieron a la protestas en distintas ciudades de Rusia. Los grupos estaban conformados en su mayoría por jóvenes entre 20 y 30 años, y menores de edad. La comisionada para los derechos de los niños en Moscú, Olga Yaroslavskaya, se pronunció en contra de «involucrar a los niños en juegos políticos». En Moscú participaron 4 mil personas, según datos de las autoridades policiales. No fueron masivas multitudes como quiso presentarlas los medios antirrusos. Se dieron casos de violencia focalizada y 39 oficiales de policía resultaron heridos. El Departamento de Salud de Moscú informó que 29 civiles fueron víctimas de las protestas descoordinadas, todas recibieron la asistencia médica necesaria. Algunos organizadores de las manifestaciones e incitadores al radicalismo fueron detenidos, entre ellos, Yuli Naválnaya, esposa de Navalny. Unas horas más tarde fue liberada. Los arrestos continuaron los días siguientes en las ciudades donde hubo acciones ilegales (bloqueo de carreteras, disturbios, etc). La portavoz de la embajada estadounidense, Rebecca Ross, aseveró que estaba vigilando las protestas ilegales y acusó a Rusia de reprimir el «derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión». Cuando la situación fue controlada, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajarova, declaró que la cancillería rusa iba a convocar a los diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos para que explicaran por qué habían impreso mapas de rutas para las manifestaciones y la razón detrás de una frase sobre que habría un supuesto viaje al Kremlin. «Esto generalmente va más allá cualquier marco. ¿Es esto una motivación, esto es un llamado, esto es una instrucción, es esto una incitación? Bueno, hablemos», dijo. Zajarova también cuestionó el papel de las redes sociales en el monitoreo de las actividades promotoras de las protestas, toda vez que se mostró tan eficiente para detectar y suprimir mensajes que alentaban al motín en los eventos del Capitolio. «Por alguna razón, a pesar de que había un gran número de falsificaciones y de que Moscú las desmintió oficialmente y dijo que eran informaciones falsas, no se produjo esa moderación», declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Añadió que los gigantes de las tecnologías están violando las reglas que impusieron en sus comunidades, «sabiendo lo que esto les amenaza». El lunes 25 de enero, China manifestó su rechazo a cualquier interferencia externa en los asuntos de un Estado soberano. Así lo informó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, durante una sesión informativa, cuando comentó sobre la interferencia de Estados Unidos en las protestas ilegales de Moscú y las otras ciudades rusas. Ese día, Zajarova informó que el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, dialogó con el enviado estadounidense en Moscú, John Sullivan, sobre las publicaciones de los diplomáticos en las redes sociales acerca de las manifestaciones. «La parte rusa protestó enérgicamente por su apoyo a las concentraciones no coordinadas que se celebraron en algunas ciudades rusas el 23 de enero», dice una nota de agencia de noticias rusa.

QUÉ ESPERAR DE LAS RELACIONES RUSIA-EEUU CON LA ADMINISTRACIÓN BIDEN

¿Fue el pueblo ruso que, descontento por las decisiones que el gobierno tomó con respecto a Navalny, quien salió espontáneamente a protestar en las calles de varias ciudades este 23 de enero? La implicación del Departamento de Estado, la embajada estadounidense y los medios de comunicación corporativos indican que no.

Parece más bien el retorno de un modelo que arrancó en 2010 desde Egipto a Túnez, financiado y promovido por las ambiciones de Wall Street en la Administración «progresista» de Obama y que, eventualmente, causó el asesinato de Gaddafi, el bombardeo de Libia, la guerra en Siria y el violento Euromaidán en Ucrania.

En esos días, también se intentó fallidamente la división y el despojo de la nación rusa (Navalny participó) bajo las banderas de la democracia y la libertad, para devolverla al estado de los años 90. Rusia respondió aplicando medidas que le cerraron el grifo al financiamiento de ONG estadounidenses y expulsando a la NED del país.

El analista ruso Dmitriv Sedov plantea que la nueva administración de Estados Unidos debe lograr distraer de la crisis política interna que padece su país llamando la atención con la política exterior. El punto de mira, sin embargo, no puede ser China, porque ese gobierno globalista protegerá los negocios que los grupos corporativos que lo respaldan tienen en el país asiático.

«Estados Unidos no tiene negocios con Rusia», dice Sedov. El analista considera que hay una serie de elementos que hacen a esa nación una «presa fácil» para la clase dominante globalista anclada en Washington, entre ellos, el entusiasmo que algunos sectores de la sociedad rusa tiene sobre los «valores democráticos», la existencia de factores pro occidentales entre la intelectualidad y «la torpeza de los organismos oficiales en la nueva y más compleja etapa de la guerra de la información».

En ese escenario ha aparecido lo que él llama la «Operación Navalny». Reconoce que está «minuciosamente elaborado», pero que tiene deficiencias. Por ejemplo, la escandalosa negativa de Berlín a compartir las muestras tomadas a Navalny que dieron positivo al Novichok.

También menciona un detalle de la película Palacio, propaganda anti-Putin disfrazada de investigación reciclada de otros años sobre un palacio de 1 mil 400 millones de dólares que supuestamente el presidente Putin compró en la costa de la ciudad rusa de Gelendzhik. Sedov afirma que cualquiera que conozca los dos idiomas (ruso e inglés) sabría que los textos que aparecen en el video tienen «rastros de traducción automática del inglés». ¿Olvidó el opositor darle los créditos por el guión al Departamento de Estado como olvidó mencionar que creó una ONG que recibió dinero de la NED?

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, señaló que el video busca desestabilizar la situación en Rusia. «Sabemos desde hace tiempo que se estaban preparando las pseudo revelaciones y ataques informativos contra el presidente», dijo.

«¿Qué tiene que ver Putin con eso?», es la pregunta que pidió que se hicieran todos los que vieran esos «falsos» materiales. Peskov hizo el comentario en una entrevista con el canal Rossiya 1. Allí ratificó el deseo de Moscú a «fomentar el diálogo» con el nuevo gobierno estadounidense.

«Desde luego, esperamos establecer el diálogo. Un diálogo en el que habrá que dejar constancia de los puntos de divergencia, por supuesto, aunque el diálogo al mismo tiempo siempre brinda la oportunidad de encontrar ciertos elementos racionales, esas pequeñas áreas de convergencia en nuestra relación», resaltó Peskov.

Agregó que su gobierno puede llegar a ser flexible, pues «la flexibilidad es el elemento indispensable en las relaciones internacionales». No obstante, hay «líneas rojas» que no se deben sobrepasar.

«Sea bienvenida la flexibilidad, pero no el dictado o la descortesía. No estamos preparados para que sobrepasen las líneas rojas. En lo demás se ha manifestado la flexibilidad necesaria, pero no puede ser infinita», dijo.

Solo una disposición constructiva de parte de Washington tendrá una respuesta positiva de Moscú. Tal parece que la Casa Blanca aún no está preparada para esa conversación.

(Misión Verdad)

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