Los dirigentes y excombatientes de las extintas FARC, en su calidad de signatarios del Acuerdo de Paz, ante la continuación del asesinato de los exguerrilleros en proceso de reincorporación –ya van 238 asesinados desde cuando se firmó el Acuerdo-, tomaron una decisión política valerosa, a pesar de lo dolorosa: iniciar una peregrinación hacia la capital del país, desde varios de los Espacios Territoriales en que han venido adelantando sus procesos de reincorporación en lo económicos, lo social y lo político. La iniciaron el 21 de octubre en Mesetas, después del asesinato y sepelio de uno de sus líderes conocido como ‘Albeiro Suarez’. A la misma se sumaron delegaciones de excombatientes con sus familias de Guaviare, Meta, Antioquia, Choco, el Eje Cafetero, La Guajira, Cesar, Arauca, Norte de Santander, Sur de Bolívar Y efectivamente después de cerca de dos semanas de desplazamiento colectivo, combinando caminatas y trayectos en vehículos, llegaron a la capital del país el 1 de noviembre.

Es importante resaltar la denominación que le dieron a esta movilización de protesta, más que justificada, una ‘peregrinación’, porque se trata en lo fundamental de una expresión usada en el ámbito religioso, especialmente por las tres grandes religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo para dirigirse por parte de un grupo de creyentes hacia un santuario o un sitio de especial relevancia para ellos, pero también realizada por excluidos o expatriados, para significar con ello, los miembros de ese especie de ‘movimiento social en construcción de los firmantes del Acuerdo de Paz’, como lo recalcaron varios de sus dirigentes, que no se trataba de buscar la selva como en el pasado de su lucha armada, sino justamente darle la espalda a la selva y marchar hacia el centro del poder político del país, para pedir en forma pacífica, de ese poder político nacional soluciones, especialmente la de salvaguardar sus vidas, pero también la de dar respuesta a derechos básicos y demandas que no fueron incluidas en los acuerdos, como el tema de vivienda o tierra para los antiguos miembros de la guerrilla, pero ahora desmovilizados y en proceso de reincorporación, tienen todo el derecho como cualquier poblador rural.

La ‘peregrinación’ permitió, además, que muchos colombianos del común, situados en las rutas que siguieron los distintos grupos de caminantes, no sólo se sensibilizaran acerca de la situación que estaban viviendo, quienes le están jugando limpio a la paz, sino adicionalmente tener la oportunidad los excombatientes de explicar la gravedad del drama que han estado viviendo: En un sitio cercano a Villavicencio conocido como Pipiral, hicieron un acto simbólico de perdón por los secuestros masivos –conocidos como ‘las pescas milagrosas’- con una bandera blanca clavada en la tierra, en esa vía donde sembraron de temor a los viajeros en el pasado; también permitió que gobiernos territoriales igualmente se solidarizaran con los caminantes y contribuyeran a suministrarles sitios de alojamiento, además de apoyos para alimentación, siendo esto especialmente relevante en el gobierno de Bogotá. Pero también era simbólicamente relevante mostrar con la ‘peregrinación’ su condición de excluidos por las políticas de un Estado que justamente se comprometió en los Acuerdos de La Habana y del Teatro Colón a apoyarlos plenamente en su proceso de tránsito de alzados en armas a ciudadanos del común.

Ahora bien, hay que resaltar que estaba claro desde siempre que el proceso de implementación de los Acuerdos era y será, un campo de disputa política con cualquier gobierno que esté al frente de esta tarea –si se priorizaba la desmovilización y reincorporación colectiva o individual, con todas las implicaciones que esto conlleva; cómo iba a ser el enfoque de los programas de desarrollo rural con enfoque territorial, los conocidos PDETs; etc.-, por cuanto es probable que los miembros de las extintas FARC buscaran que en ese proceso de implementación se reflejara su propia visión política de cómo hacerlo y en igual sentido lo haría cualquier gobierno. Eso no es un tema novedoso, era algo plenamente previsible y mucho más cuando la Corte Constitucional al avalar la constitucionalidad y legalidad de los Acuerdos, estableció que era responsabilidad de los siguientes tres gobiernos la implementación, pero en concordancia con las políticas públicas de cada gobierno, dejando allí un margen de maniobra a los gobiernos, pero también de controversia acerca del enfoque de la implementación.

Los cerca de dos mil excombatientes y sus familias hicieron marchas en la ciudad de Bogotá, acompañadas por sectores ciudadanos y especialmente en la Plaza de Bolívar, planteando de manera clara y precisa las razones de su peregrinación, eso sí buscando ser una peregrinación sin alborotos, ni bulliciosa, y por supuesto sin acudir a la violencia. Y se produjo lo que pocos esperaban: el Presidente Duque aceptó recibir una delegación de la ‘peregrinación’. En esto hay que decirlo, jugaron un papel fundamental, el apoyo de la comunidad internacional –la Misión de la ONU, los embajadores de la Unión Europea y los países garantes-, el propio manejo de la ‘peregrinación’ y dos funcionarios del Alto Gobierno que han estado al frente de la implementación y la reincorporación, el Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila y el Director de la Agencia de Reincorporación, Andrés Felipe Stapper, quienes estuvieron pendientes de la peregrinación y de buscar salidas positivas a la misma.

Efectivamente el viernes 6 de noviembre el presidente Duque recibió en la Casa de Nariño, junto con los funcionarios Archila y Stapper, a una delegación de siete líderes de la ‘peregrinación’ –uno por cada región donde están los procesos de reincorporación-, encabezada por Pastor Alape el delegado ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). Esta reunión, que fue un desayuno de trabajo, se llevó a cabo en un ambiente amable entre las dos partes y se llegaron a unos puntos de acuerdo. Pero lo más relevante, desde el punto de vista simbólico, fue el inicio del desmonte de la estigmatización que hasta el momento se ha dado a los firmantes del Acuerdo, expresado en el hecho mismo de la reunión con el jefe de Estado.

Es necesario resaltar la actitud positiva de apoyo a la reincorporación de los excombatientes, por parte del Presidente. Así como su compromiso en que se acelere el proceso de definir la asignación de tierras y vivienda para los firmantes del Acuerdo y una reunión con la Ministra del Interior, el Viceministro y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para revisar requerimientos de seguridad y los dispositivos estatales en esa dirección. Igualmente se acordó realizar siete reuniones territoriales, con la participación de los firmantes del Acuerdo en los territorios para valorar el proceso de implementación y las necesidades que tienen ellos y cómo darles respuesta. Igualmente insistieron los delegados de los firmantes del Acuerdo, en la importancia de estructurar un ‘sistema integral de reincorporación’ que articule la acción de los diversos entes estatales.

No hay duda que fue una iniciativa novedosa la adelantada por los firmantes del Acuerdo de Paz, donde lo más relevante va a ser comenzar a mostrarse como parte de ese ‘movimiento social en construcción de los firmantes’, que se manifiesta por sus derechos y demandas derivadas del Acuerdo, del cual fueron signatarios y acudiendo a formas novedosas de visibilización de las cuales está claramente ausente el uso de la violencia, ni simbólica ni real, mostrando así el contraste de anteriores hombres guerreros que ahora actúan como constructores de paz.

Publicado en Revista Sur