Los obispos españoles tienen una "gran preocupación" por las enmiendas que "amplían" la ley de eutanasia y convierten esta práctica, según dicen, en "un ejercicio de autodeterminación".

La Conferencia Episcopal Española (CEE) estudia la forma de ofrecer un texto genérico que cada persona pueda incluir en su testamento vital como últimas voluntades en el que rechace la aplicación de la eutanasia.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de los obispos, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha informado de que la Iglesia quiere ofrecer un "texto genérico" que quieren extender a todos los ciudadanos "sean miembros de la Iglesia o no".

Se trata de realizar una declaración de últimas voluntades ante "la posibilidad de la aplicación de la eutanasia" y otros aspectos referidos a los cuidados paliativos.

Argüello ha señalado que la propia ley, que está pendiente de su aprobación en el Senado, contempla la elaboración de un testamento vital, pero la Iglesia quiere elevar una propuesta a las comunidades autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias en Sanidad.

"Nosotros queremos ofrecer un texto genérico y unas orientaciones para ver cómo esto pudiera realizarse en cada una de las comunidades autónomas", ha indicado el portavoz de los obispos.

Culmen de la libertad

La ley de la eutanasia preocupa "sobremanera" a los obispos, que denuncian que se haya presentado, además, como el "culmen de la libertad".

Preguntado por la reciente publicación del listado de 34.961 inmuebles inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015 que abre la vía a posibles reclamaciones sobre la titularidad de miles de ellos, Argüello ha defendido que esta institución solo ha inmatriculado los bienes que tiene conciencia de que son suyos.

Ha recordado que la inmatriculación es una instrucción declaratoria que no supone un método de adquisición de una propiedad y ha explicado que en el proceso de inmatriculación, además del certificado del secretario canciller del Obispado, es necesaria una certificación catastral, es decir que en el catastro figure el bien vinculado a la Iglesia.

Ha afirmado que del total de bienes, 30.000 se han inmatriculado por el sistema del certificado, pero hay otros que se deben a herencias, legados o expedientes de obra nueva.

No obstante, ha dicho que "si aparece alguien con mejor derecho, podremos dialogar" y, ante las dudas, consultar el registro de la propiedad y el catastro.

Ante la cercanía del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Argüello ha reconocido que podrían ser más las mujeres con responsabilidades eclesiales, pero -ha añadido- "el papel de la mujer en la Iglesia no se juega porque una mujer sea o no secretaria general de la CEE".

"Seguramente en un futuro será así, pero no por una política de cuotas ni por ganarse una bandera, sino porque en el discernimiento veamos que es oportuno", ha dicho.

En otro orden de cosas, durante la reunión de la Comisión Permanente los obispos han decidido renovar en sus cargos por un nuevo período de tres años al presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, y a su secretaria general, Natalia Peiro.

Ambos han expresado su "alegría y agradecimiento" a la CEE por esta confirmación, que definen como "un privilegio y una gran responsabilidad" en un comunicado tras conocer su continuidad al frente de la ONG católica.