"Creemos que la Unión Europea no puede seguir ignorando uno de los conflictos más prolongados y dolorosos ubicado frente a sus puertas""La UE debe ajustar su trato con el Sáhara Occidental a los compromisos y obligaciones en virtud del derecho internacional""La UE debe advertir a las empresas europeas como Siemens o Enel de los grandes riesgos legales y morales que conlleva hacer negocios con un ocupante ilegal"

Sáhara Occidental Imagen de archivo de una manifestación en apoyo al Sahara en Madrid. / Efe

Intergrupo de apoyo al Sáhara Occidental del Parlamento Europeo: Presidente: Joachim Schuster; Vicepresidente: Manu Pineda; Miembros: Sira Rego, Ernest Urtasun, Idoia Villanueva, Miguel Urbán, María Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen, Marisa Matias, Jose Gusmao, Giorgos Georgiou, Francisco Guerreiro, Leila Chaibi, Tineke Strik, Andreas Schieder, Evin Incir, Margrete Auken, Klemen Groselj y Jytte Guteland.

Este 14 de noviembre se celebra el 45º aniversario de los llamados Acuerdos de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, que dividieron la colonia española del Sáhara Occidental entre sus dos vecinos africanos. Estos Acuerdos trataban de dar una cobertura legal a la ocupación marroquí que había comenzado apenas unos días antes con la Marcha Verde, en la que miles de tropas marroquíes y civiles marcharon hacia territorio saharaui.

Sin embargo, estos Acuerdos no pudieron transferir por Decreto la soberanía sobre el Sáhara Occidental, pese a que España renunció a sus responsabilidades en los últimos días del régimen franquista, a cambio de jugosos derechos de pesca y concesiones en una mina de fosfato. Desde la retirada de Mauritania en 1979, Marruecos continúa siendo, a día de hoy, la única fuerza de ocupación ilegal en el Sáhara Occidental, y España sigue teniendo la responsabilidad jurídica. Para las Naciones Unidas, el Sáhara Occidental sigue figurando en la lista de territorios no autónomos en espera de descolonización.

45 años después de los Acuerdos de Madrid, el pueblo saharaui sigue dividido por un muro de arena de 2.700 kilómetros que está custodiado por 120.000 soldados marroquíes y que divide en dos a aquellos que viven bajo ocupación militar y a los más de 170.000 saharauis que viven en los campamentos de refugiados en la provincia argelina de Tinduf. Ya son 45 años en el desierto abrasador, dependiendo del escaso apoyo internacional y esperando que se respeten los principios del derecho internacional para poder regresar a su patria, que desgraciadamente ha sido invadida por una afluencia masiva de colonos marroquíes.

45 años después de los Acuerdos de Madrid, el pueblo saharaui sufre una represión diaria por parte de las fuerzas marroquíes. El Sáhara Occidental tiene una de las peores situaciones de derechos humanos en el mundo1. Las organizaciones de la sociedad civil son continuamente acosadas y no pueden registrarse formalmente, las personas defensoras de derechos humanos y activistas en pro de la independencia son objeto de golpes y palizas, de detenciones arbitrarias y de torturas, mientras que las manifestaciones se disuelven rápidamente y sistemáticamente. Se ha reportado la corrupción que existe tanto a nivel de funcionarios del Estado como en lo relativo a la economía local, en particular, con la explotación lucrativa de los abundantes recursos naturales del Sáhara Occidental. Se censura a los medios locales y los observadores extranjeros - miembros del Parlamento Europeo o de ONG internacionales de derechos humanos y periodistas- son expulsados automáticamente.

Todo esto viene sucediendo ante los ojos de las Naciones Unidas, cuya Misión para un Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) se estableció en 1991 específicamente para llevar a cabo dicha tarea, la de organizar un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, ante la ausencia de progresos a este respecto, su principal tarea ha sido limitarse a monitorear el alto el fuego. Recientemente, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó el mandato de la MINURSO para un año más, pero de nuevo, sin medidas específicas para garantizar mayores avances en la resolución del conflicto y para vigilar y prevenir las violaciones de derechos humanos. Hasta la fecha, la MINURSO sigue siendo la única misión de mantenimiento de la paz moderna de la ONU sin un mandato de derechos humanos2, mientras que el puesto de Enviado Especial de la ONU para el Sáhara Occidental continúa vacante desde la renuncia de su último titular (según se informa, renunció por frustración) en mayo 2019.

Nosotros y nosotras, como miembros del Parlamento Europeo, creemos que la Unión Europea no puede seguir ignorando uno de los conflictos más prolongados y dolorosos ubicado frente a sus puertas. Debe desempeñar un papel más constructivo en este territorio que está ubicado al lado de sus fronteras en las Islas Canarias. Resulta terrible que las instituciones de la UE hayan ignorado repetidamente las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE al incluir las tierras y las aguas saharauis en los acuerdos comerciales y pesqueros con Marruecos, sin buscar el consentimiento de quien es el representante legítimo del pueblo saharaui, el Frente Polisario3.

La UE debe ajustar su trato con el Sáhara Occidental a los compromisos y obligaciones en virtud del derecho internacional4. Esto significa, en primer lugar, que la UE debe aplicar una política de diferenciación en su relación con Marruecos, que distinga claramente a este último del Sáhara Occidental como un territorio separado y distinto. La asistencia de la cooperación de la UE a Marruecos no puede apoyar el afianzamiento de una ocupación ilegal y financiar viviendas y empleos para los colonos marroquíes (un crimen de guerra según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional). Los bienes producidos en los territorios saharauis ocupados no deben entrar en el mercado europeo, ya que están certificados por Marruecos y se producen en contra del consentimiento del pueblo saharaui.

La UE debe advertir a las empresas europeas como Siemens o Enel de los grandes riesgos legales y morales que conlleva hacer negocios con un ocupante ilegal. Por último, es fundamental que en las negociaciones presupuestarias en curso no se reduzcan aún más los ya escasos recursos humanitarios asignados a los refugiados saharauis en Tinduf. En su lugar, la UE debe revisar drásticamente su asistencia al pueblo saharaui; debe hacer un cambio de paradigma para apoyar su resistencia y ayudar a construir su futuro, cualquiera que sea la forma política que tome una vez que los saharauis se hayan expresado a través del referéndum prometido.

45 años después, la UE debe restaurar su brújula moral y asumir sus responsabilidades en virtud del derecho internacional; ya es hora de que la Unión Europea pase de ser un jugador pícaro a ser un modelo a seguir, y de que ponga su fuerza y creatividad colectiva para garantizar una solución justa y sostenible del conflicto mediante la celebración del largamente prometido referéndum de autodeterminación.

2 https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2902662019ENGLISH.pdf
3 https://www.wsrw.org/a105x4406

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