La llamada 'Ley Celaá' ha superado este viernes un trámite fundamental para su aprobación tras recibir la luz verde en la comisión de Educación. En plenas polémicas sobre la presencia del castellano en el texto, las denuncias de los centros concertados o los cambios en la educación especial, los partidos de Gobierno han logrado el apoyo de sus socios para sacar adelante la nueva norma, que irá a pleno del Congreso el próximo jueves para seguir su camino hacia el Senado y finalmente, y salvo sorpresa, convertirse en la nueva ley educativa.

La comisión parlamentaria debía dar este viernes su aprobado al informe final de la ponencia sobre el proyecto de ley con el que se deroga la LOMCE y así fue. Pese a la oposición de PP, Cs y Vox -que han anunciado que la llevarán ante el Constitucional-, el dictamen ha superado el trámite después de que los tres partidos de la oposición hayan criticado el "escaso margen" de los tiempos fijados por PSOE y Unidas Podemos durante el proceso, dificultando la capacidad para responder ante su contenido. En una entrevista en la 'Ser' este mismo viernes, Inés Arrimadas ha criticado que los socialistas se hayan dejado llevar por los tiempos que le fija su "socio" ERC.

De hecho, el informe llegó a manos de las formaciones el pasado domingo y estos tres partidos ya habían denunciado que la comisión se opusiera a que la comunidad educativa fuera partícipe de la reforma al frenarse las comparecencias solicitadas, algo inusual. "Ha habido sesiones de embudo, donde se nos ha hecho tragar enmiendas sectarias", ha resumido este viernes al arrancar Sergio Sayas, de Navarra Suma. Los sindicatos ANPE, CSIF y CCOO han cuestionado la falta de diálogo y negociación. Frente al Congreso, padres, docentes y la patronal de la concertada se ha manifestado mientras se reunía el órgano parlamentario este viernes.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado. (EFE)

La comisión de este viernes ha estado marcada por el frenetismo al concentrarse la votación sobre un documento, del que se han presentado más de mil enmiendas, en una sola jornada, un proceso que en el caso de la LOMCE -tal y como han recordado los grupos- se dividió en tres días. Las principales siglas de la oposición han puesto en duda, de nuevo, el cumplimiento de las garantías democráticas al considerar que los ritmos y plazos fijados suponen un "atropello" tras semanas criticando las sesiones maratonianas durante el proceso.

Este viernes, apenas ha habido un parón de media hora para almorzar y descansos de cinco minutos para ir el baño tras las votaciones de cada uno de los cinco bloques. En total, casi 10 horas de comisión en la jornada de este viernes. "Ya no sé ni lo que digo", llegó a bromear después de ocho horas el presidente de la comisión, el socialista Sergio Gutiérrez. "Yo ya me pierdo", incidió poco después.

Los puntos polémicos

Probablemente, el aspecto que más polvareda ha generado desde un primer momento ha sido la referencia al castellano en el texto y los elementos que se suprimen respecto a la última reforma educativa. Elimina la calificación de lengua "vehicular" y se limita a apuntar que se deberá garantizar el derecho a estudiar "en castellano y en las demás lenguas cooficiales" de acuerdo a la Constitución. Asimismo recoge que al finalizarse la educación básica los estudiantes deberán tener un "dominio pleno" del castellano y que, en caso de que haya "carencias" en este sentido, serán los centros los que impulsen las medidas de compensación "necesarias".

Si bien el Gobierno ha defendido que la oficialidad y la presencia de la lengua del Estado está garantizada en la carta magna, PP, Vox, Cs -entre otros- han considerado que los cambios en el texto atentan contra el peso del castellano en las aulas. Las formaciones, también durante sus intervenciones este viernes, han cargado contra este aspecto de la reforma educativa al interpretar que atenta contra la igualdad de los menores españoles al implicar en la práctica, a su juicio, que se pueda hacer que el castellano deje de estar presente en la educación en aquellas regiones con lenguas cooficiales. Estos aspectos han dejado dudas de su constitucionalidad en los juristas consultados.

Estos partidos de la oposición también han criticado que el texto hable de "lengua castellana y en su caso en las lenguas cooficiales" sin precisar que el primero es la oficial del Estado y Cs ha ofrecido este viernes que se aprobara su propuesta de que un 25% del horario fuera en castellano, pero también ha sido rechazada. Los de Arrimadas han elevado el tono esta semana pidiendo la retirada de los puntos más conflictivos sobre el castellano como condición para seguir negociando su apoyo a los Presupuestos.

La nueva ley también ha levantado asperezas entre los partidos de la oposición y entre parte de la comunidad educativa por su contenido sobre la educación especial. La Plataforma Inclusiva Sí, Especial También ha denunciado que el texto abre la puerta a vaciar los centros de educación especial para personas con discapacidad. En concreto, ponen el foco en los efectos que tendría el párrafo de la disposición adicional cuarta, que explica que el Gobierno y las autonomías desarrollarán "un plan para que, en el plazo de diez años, (...) los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".

"Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno", señala el documento aprobado este viernes. La plataforma cree que en la práctica implicaría el cierre de los centros de especial con el paso del tiempo.

Por otra parte, las escuelas concertadas han cargado y se han movilizado contra la reforma por distintos elementos recogidos en el informe. Uno de ellos es la prohibición expresa a que estos centros cobren cuotas extra a las familias con carácter obligatorio. "En ningún caso podrán los centros de enseñanzas de carácter gratuito imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias", resalta el texto, en el que se precisa que, asimismo, las actividades complementarias consideradas como necesarias tampoco podrán suponer "discriminación por motivos económicos".

Concertada y segregación

En concreto, este sector de la comunidad educativa apostilla que se han eliminado algunas referencias que consideran clave y que estaban presentes en la regulación todavía en uso. La LOMCE recogía que las administraciones programan la oferta educativa teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la "demanda social". Este último elemento, la "demanda social", ha sido considerado como esencial por la concertada para poder ampliar las plazas o sostener los conciertos si existía la demanda y ahora dejará de aparecer en la ley. La nueva norma enfatiza que se garantizará la educación "mediante una oferta suficiente de plazas públicas". Además, también se precisa que la cesión de solares para la construcción de centros se limitará a aquellos de titularidad pública y se indica que se promoverá "un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública".

Dentro de la concertada hay una especial mención a los centros que segregan por sexo. La denominada 'ley Celaá' recoge que "con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombre y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas (...) para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y no separarán al alumnado por su género". Vox ha criticado especialmente este aspecto de la norma al considerar que este tipo de formación segregada "si a alguien beneficia es a las niñas".

Inspección y repetición

La Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) ha alertado de los apartados correspondientes a la inspección dentro del documento. En concreto han advertido de los cambios relativos a la fase de oposición para acceder a estos puestos, ya que el texto reza que "la fase de oposición consistirá en la valoración de la capacidad de liderazgo pedagógico y la evaluación de las competencias". La palabra "valoración" es la que ha generado asperezas entre los inspectores y fue fruto de una alteración del texto original mediante una enmienda transaccional por la que se eliminaba el término "prueba". Desde el sindicato creen que esto provocará el acceso de perfiles afines y sin la preparación adecuada.

Otro de los ámbitos que más polémica ha generado es el relativo a la repetición y superación de los cursos. El texto acaba con la opción de repetición en cualquier curso de Primaria y solo podrá permanecer en el mismo escalón en segundo, cuarto y sexto. En el caso de Secundaria, la nueva ley abre la puerta a superar el ejercicio con dos suspensos "de forma excepcional", algo similar a Bachillerato -educación no obligatoria-, donde se podría conseguir la titulación pese a tener un suspenso. En la ESO, el texto reza que "los alumnos promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente.

"La permanencia en el mismo curso debe entenderse como una medida de carácter excepcional, por lo que solo se podrá utilizar una vez en el mismo curso y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria", asegura el documento. El ministerio y los partidos de Gobierno han defendido que el objetivo es reducir la tasa de abandono escolar, mientras que los principales partidos de la oposición interpretan que se pretende banalizar la superación de los cursos permitiendo el avance a quien no supera los objetivos fijados. Beatriz Jiménez, del PP, así lo ha asegurado durante la comisión de este viernes: "Obligan a los profesores a que aprueben aunque no estén preparados para ello".