La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibe los aplausos de...
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibe los aplausos de sus compañeros de partido en el Congreso tras rechazarse este jueves las siete enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021. Chema Moya EFE

La crisis sanitaria y sus nefastas consecuencias han provocado que las familias reduzcan sus gastos y los empresarios sus inversiones. Es por eso que a esta situación se le llama crisis de demanda, porque se produce una brecha entre lo que la economía puede producir y lo que realmente es capaz de vender.

Si el motor de la demanda privada se gripa, la mejor solución es arrancar el motor del gasto público para compensarlo. Esa estrategia es aconsejable por varios motivos: en primer lugar, porque una intervención anticíclica estimula una pronta recuperación de la economía y el empleo, mitigando el impacto recesivo y sus costes sociales; en segundo lugar, porque ejerce un efecto tractor sobre la inversión privada; en tercero, porque ayuda a fortalecer la confianza de familias y empresarios; finalmente, porque una salida rápida de la crisis contribuye a estabilizar los desequilibrios presupuestarios con más recaudación, menos gasto y un PIB mayor.

Ese efecto positivo sobre la economía se ve amplificado, en el actual contexto, por un exceso de liquidez global alentada por los bancos centrales. Pese a la expansión del gasto y el aumento del déficit, el programa de compra de activos del BCE ha mantenido los tipos de interés en niveles excepcionalmente bajos. Eso hace que, en vez del temido "efecto expulsión" sobre el sector privado, se amplifique su efecto tractor: uno generado por el impulso público en sí mismo; otro por los bajos tipos de interés, lo que facilita la financiación y rentabilidad de los proyectos.

La alternativa de estimular la economía con una bajada de impuestos es menos efectiva por una simple razón: su multiplicador es más bajo. La inversión pública se inyecta en el PIB por vía directa, mientras que la reducción de impuestos lo hace por vía indirecta, a través de la renta disponible. Pero, como decimos, en una situación de confinamiento e incertidumbre nada garantiza que la inyección de recursos en el sector privado se vaya a convertir en gasto efectivo.

El conjunto de bondades que ofrece la inversión pública y las malas experiencias del pasado reciente son las que han convencido a Europa de la necesidad de cambiar de estrategia. Tanto que no sólo anunció un gran programa de inversión y reformas por un total de 750.000 millones de euros, sino que, además, y por primera vez, se acordó que se financiara mediante la emisión de deuda común, algo que hasta ahora había sido anatema.

En el reparto de esos fondos a España le corresponden 140.000 millones de euros, de los cuales 72.000 será en subvenciones. En los Presupuestos de 2021 la inyección de fondos europeos a la economía a través de inversiones y subvenciones, mayoritariamente de capital, se eleva a 27.000 millones de euros.

Ahora bien, esos recursos hay que gastarlos con audacia e inteligencia. Despilfarrarlos situaría a Europa en una dinámica de deuda ya complicada. Por eso no basta con ser anticíclico, sino que además tienen que ser transformadores, con proyectos de calidad que sean efectivos a la hora de generar crecimiento, crear industrias de vanguardia y nuevos empleos, de modo que la inversión se pague a sí misma. Eso implica invertir en proyectos que tengan un impacto duradero positivo en la economía y en la sociedad y, de este modo, generar un multiplicador fiscal elevado.

Europa ha puesto las dos grandes condiciones: agenda climática y transformación digital. Y eso implica que la inversión pública trascienda su tradicional concepto de capital físico para extenderse al capital intangible, humano y natural. Ese nuevo concepto de inversión, mucho más amplio y transversal, es el que se adecúa a la visión del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que estamos desarrollando a través de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, y de la Agenda Urbana Española.

En el Presupuesto de 2021, el Ministerio recibirá 4.982 millones de los fondos europeos. Por supuesto que habrá inversiones en infraestructuras. Pero eso ya no basta. Para ir más lejos hay que invertir en intangibles como big data, software y digitalización, en la preservación del espacio natural y en la formación de capital humano. Por eso, en estos Presupuestos son fundamentales los proyectos para digitalizar la logística, el transporte de mercancías y la movilidad urbana, así como las inversiones en zonas de bajas emisiones y rehabilitación de edificios.

En esta coyuntura de crisis económica es necesario actuar con unos Presupuestos anticíclicos que estimulen la actividad. Si para ello es necesario incurrir en déficits fiscales, hagámoslo. Pero con la idea muy clara de que en el mediano plazo, y cuando la economía se recupere, esos déficits se tienen que pagar. Y para eso los Presupuestos tienen que ser también transformadores.

Pedro Saura es Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

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