Los diputados de la Asamblea de Madrid han vuelto a escuchar cómo fueron las peores horas en las residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia. La directora del centro de mayores Amavir de Alcorcón, Lidia Sánchez, ha recordado cómo vivió junto a sus trabajadores aquellos días de marzo y abril, en los que trabajó sin descanso durante 65 días, según ha relatado este viernes en la Comisión de Investigación sobre la gestión de residencias durante la pandemia. 

Sin medicalizar, con las derivaciones bloqueadas y sin una coordinación con la Consejería de Sanidad ni la de Políticas Sociales. Así ha recordado durante casi dos horas de comparecencia cómo evolucionó el virus en el centro de mayores que gestiona, donde fallecieron 44 usuarios (19 de ellos con Covid). Más allá de la experiencia profesional, también ha querido lanzar un alegato en defensa de la labor que se realizó en estos centros de mayores durante la pandemia, asegurando que estuvo trabajando 15 horas al día sin descansar ninguna jornada a los largo de 65 días. "Siento que he vivido una guerra, donde no he tenido medios, donde he sido juzgada de antemano como asesina, que he acumulado muertos", ha comenzado planteando, "a pesar de todo lo luchado, de todo lo llorado". "Yo no abracé a mis hijos durante más de 70 días por miedo a contagiarles mientras escuchaban en los medios de comunicación que acumulábamos a los muertos", ha apuntado. Ante esa percepción se ha preguntado: "¿Quién creen que trabajan en residencias?".

También ha explicado cómo vivieron la paralización de las derivaciones hospitalarias, que no se desbloquearon hasta el 8 de abril y que no mantenía ningún tipo de coordinación ni con la Consejería de Políticas Sociales ni la de Sanidad. "Nos llegaban indicaciones de lo que debíamos hacer pero nadie nos preguntó si necesitábamos ayuda", recuerda, en alusión a la atención prestada por la Comunidad de Madrid mientras el virus azotaba a sus residentes, sin que tuviesen capacidad ni medios para detectar qué residentes estaban contagiados y cuáles no. 

A pesar de que desde el 15 de marzo solicitaron pruebas, hasta el 28 de marzo no consiguieron un test para conocer que ya el virus estaba dentro. Con este contexto, Sánchez ha expuesto ante los diputados las dificultades de la derivación a hospitales, la primera se produjo el 31 de marzo, a pesar de que el primer intento lo realizó el 13 de marzo. "Al llamar al 061 nos dicen que las derivaciones tienen que ser a través del servicio de geriatría del hospital. Nos ponemos a buscar el nombre de la geriatra, no lo conseguía", ha comenzando planteando sobre el momento en el que le comunicaron que los traslados estaban paralizados. Finalmente, ese 13 de marzo contactó a las diez de la noche con el geriatra de Móstoles. En ese momento, este profesional le planteó que ese pacientes "no tenía justificación para ser derivado a un hospital". En aquellos días, el mensaje que se le lanzó desde la sanidad madrileña fue que la asistencia sanitaria "no era algo planteable". La justificación aportada en ese momento por sus interlocutores sanitarios fue: "Es mejor que fallezca en una residencia con vosotros a que fallezca en un pasillo del hospital".

Ni medicalización ni ayuda por parte de las Consejerías de Sanidad y Políticas Sociales. Este es otro de los puntos que ha destacado la compareciente ante las preguntas de los diputados de la oposición. "No, no se medicalizó en ningún momento", ha explicado, después de que el representante de Más Madrid, Emilio Delgado, le consultase si la Comunidad de Madrid les aportó más medios para facilitar una atención sanitaria en la propia residencia. 

Sánchez ha reconocido que las instrucciones que se emitían desde diversas instituciones, tanto autonómicas como estatales, eran contradictorias: "Nos llegaban de varios lados". "Era muy difícil ponerse a leer protocolos cuando la gente se estaba muriendo", ha reconocido, para destacar posteriormente que "era excesiva la información" que recibían cuando estaban "intentando salvar vidas". 

Preguntada sobre su coordinación con las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales, ha asegurado que no existía más allá de los protocolos que les enviaban y una llamada diaria que recibía de un inspector del departamento autonómico que en ese momento estaba dirigido por Alberto Reyero. Aunque ese contacto dejó de ser telefónico unas semanas después y se limitó al correo electrónico. "Por cifras nos han preguntado muchísimo, por lo qué necesitábamos, más bien poco", ha apuntado.

Ante esta falta de control, Sánchez ha apuntado que "el inspector no podía hacer mucho por" ella. "Pero, me escuchó, le agradezco cada llamada telefónica", ha añadido. Aún así, considera que la atención correcta debería haber sido "presencial" para comprobar lo que se transmitía desde la residencia. "Yo le podía contar que todo era maravilloso y estar hundida en la miseria. Yo le conté que estaba hundida en la miseria", apunta. 

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