Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) están registrando en los últimos meses unos niveles de deuda pública que superan ya el 117% del PIB. La ratio de la deuda pública con el PIB es actualmente la más elevada desde el año 1902. El saldo de la deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) ha alcanzado los 1,314 billones de euros en enero de 2021, lo que supone un crecimiento del 9,9% respecto al año pasado. En el arranque del año asciende en 3.037 millones.

El mayor incremento de deuda pública se ha producido por parte de la administración central del Estado, como consecuencia de de la puesta en marcha de ayudas directas a trabajadores y empresas, como los ERTE. Las previsiones del Banco Central Europeo muestran que las cicatrices en la economía española llevarán a que el endeudamiento público siga creciendo más que en el resto de la zona euro.

En conjunto, la deuda de empresas, hogares, ONG y entidades religiosas cerró el ejercicio de la pandemia en 1,653 billones de euros, un 2,5% más que a finales de 2019. En términos relativos sobre PIB, las cifras son mucho más impactantes: el endeudamiento total de empresas y familias escaló hasta el 147,4% del PIB frente al 129,5%. La razón de este descalabro está, más que en el crecimiento de los pasivos en sí, en el desplome del denominador (el tamaño total de la economía española), que en 2020 se hundió un 10,8%.

Las familias españolas atesoraban a cierre del año pasado 2,35 billones de euros en activos financieros (efectivo, acciones y depósitos), solo un 1,7% menos. La mayor parte de este descenso se concentró en los tres primeros meses de 2020, cuando el comienzo de las restricciones a la movilidad provocó un aterrizaje abrupto en las Bolsas. Aunque la exposición de los hogares españoles es inferior que en otros países del entorno europeo, son muchos los instrumentos financieros conectados indirectamente con la renta variable (fondos de inversión y de pensiones, fundamentalmente) que se han visto indirectamente afectados.

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El 42% de los activos financieros de las familias españolas estaba en efectivo y depósitos, frente al 23% en acciones, el 17% de los seguros y fondos de pensiones (17%) y fondos de inversión (15%). El brutal aumento del ahorro de las familias en 2020, ante la imposibilidad de gastar lo ingresado y el mayor acopio provisional por el empeoramiento del mercado de trabajo, se tradujo sobre todo en un incremento del efectivo y los depósitos, una partida que aumentó en 3,8 puntos su peso sobre el total.

Esto significa que, como viene siendo una constante en todas la crisis, la mayoría de las familias españolas han optado por no invertir ese mayor dinero ahorrado. El peso relativo de las acciones sobre el total de activos en manos de las familias cayó en 5,2 puntos porcentuales, en gran medida por la caída en las cotizaciones.

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