Aunque por razones distintas, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) solicitaron al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que desestime la revisión judicial solicitada por Proyecto Dignidad para que se le reconozca a la colectividad participación en todas las oficinas del organismo electoral que requieran de balance institucional.

La CEE argumentó hoy durante una vista ante la jueza Rebecca de León que el pleito debe desestimarse porque ni el gobierno ni la CEE tienen la solvencia económica para dar paso a la petición de Proyecto Dignidad. Igualmente, la CEE sostiene que “es evidente la falta de un caso o controversia que convierte su reclamación en una no justiciable”. Esta es una postura similar a la del PNP, que argumenta que el pleito no está “maduro”.

Con ese panorama, la jueza determinó concederle a cada una de las partes, incluyendo el Partido Popular Democrático, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), 15 días para que presenten por escrito sus reacciones a las mociones de desestimación presentadas por la CEE y el PNP.

La CEE acompañó su alegato ante la jueza de dos anejos que detallan el impacto económico que habría si se satisfice la petición de Proyecto Dignidad. En nómina, equivaldría a $26.1 millones entre los cinco partidos inscritos.

“Al examinar los méritos del asunto, debe el honorable tribunal tomar conocimiento judicial de la condición fiscal de insolvencia o quiebra del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo la CEE, como entidad cubierta bajo el Plan Fiscal Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Asimismo, debe el Honorable Tribunal ponderar y sopesar el impacto fiscal sustancial de la petición de remedios que hace el peticionario, según cuantificado en la precitada certificación que unimos al presente escrito”, sostiene la CEE en la moción presentada al tribunal pidiendo la desestimación.

El PNP sostuvo que el asunto no estaba maduro para consideración del tribunal porque el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, determinó en una resolución que todos los partidos tendrían participación y representación en la CEE, incluso funcionarios en las juntas de inscripción permanente. No abordó el tema de representación en todas las oficinas de la CEE.

“La representación de los partidos en las oficinas de balance institucional de la CEE no se discute en la Resolución, mucho menos se hace una determinación sobre si la misma procede o no. La Resolución se limita a la representación de los partidos en la JIP. La revisión judicial puede cuestionar o solicitar revisión judicial sobre esa determinación de estimar que no es correcta en derecho. Cualquier otro asunto es prematura en una revisión judicial toda vez que no ha sido resuelto por la CEE”, sostuvo el abogado del PNP, Francisco J. González Magaz.

Entretanto, el PIP sostiene, por conducto de su abogado Juan Mercado, “que esto es un asunto que debe ser atendido con seriedad y profundidad en la Asamblea Legislativa. Es necesario que haya balance electoral”.

Recalcó que no se oponen al planteamiento de Proyecto Dignidad, pero debe ser atendido por la Legislatura.

“Entendemos que puede que haya un foro con mayor competencia para atender este asunto con el diálogo sosegado, que debe de darse en el seno de la Asamblea Legislativa para crear un estatuto que asegure el balance electoral”, indicó el abogado.

Mientras, el MVC también favorece la postura de Proyecto Dignidad.

“Lo apoyamos porque entendemos que es lo correcto”, dijo el comisionado electoral del MVC, Olvin Valentín.