SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La acusada por el crimen del cráneo de Castro Urdiales, la pareja del jubilado vasco cuya cabeza fue descubierta en una caja, comparece ha comparecido este viernes en el Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad, que investiga lo sucedido.

La acusada, Carmen Merino, de 61 años y natural de Sevilla, ha llegado al Juzgado sobre las once de la mañana y ha salido unos veinte minutos después, escoltada por la Guardia Civil.

Según adelantaron ayer a Europa Press fuente cercanas al caso, no estaba previsto que prestara declaración ante el juez, el tercero en este Juzgado desde que sucedieron los hechos, si bien aún no se conocen los pormenores de lo ocurrido en el interior del Juzgado.

La mujer se encuentra en prisión desde que se descubrió lo ocurrido hace ya más de un año. El 28 de septiembre de 2019 apareció dentro de una caja el cráneo de Jesús María Baranda, de 67 años y pareja de la sospechosa, con la que residía en una vivienda en la calle Padre Basabe de Castro Urdiales desde hacía siete años.

El hombre, natural del País Vasco y que había sido empleado de banca, se encontraba desaparecido desde febrero de 2019.

La detención de la acusada se produjo después de que una amiga suya hallara el cráneo dentro de una caja que le habría entregado hace meses para que la guardara, y que abrió ante el mal olor que despedía. Ante el descubrimiento, tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios y trasladada al centro de salud Cotolino de Castro Urdiales.

Durante los días siguientes, la Guardia Civil de Cantabria, con apoyo de especialistas de Madrid y con ayuda de perros, inspeccionó el piso de la pareja, terrenos que tenía el fallecido en la zona, y hasta se desplazó al vertedero de Meruelo, el más grande de Cantabria, para informarse sobre tratamiento de residuos.

El hallazgo del cráneo desató todo tipo de conjeturas sobre lo ocurrido, y su identidad se determinó días después de su aparición por las pruebas forenses que se practicaron.

El juez decretó el secreto de las actuaciones y lo prorrogó durante varios meses, hasta el pasado 30 de junio cuando se levantó, es decir, nueve meses después del hallazgo. Y en julio la Audiencia Provincial de Cantabria denegó la libertad provisional a la procesada al apreciar riesgo de fuga, entre otros motivos.

Más de un año después de lo sucedido quedan todavía por despejar muchas dudas sobre el caso, como el motivo del crimen, dónde se produjo o dónde se encuentra el resto del cuerpo del fallecido.