Viernes 13 de noviembre | 20:58

La misión del Fondo está en Argentina negociando con el Gobierno un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas que puede tener un plazo de hasta diez años, e incluye reformas estructurales como la laboral, previsional, y tributaria.

Un día antes que llegue el FMI, el oficialismo informó su propuesta de una nueva fórmula de movilidad previsional. Las jubilaciones ya no se actualizarán por inflación, quedarán atadas a la recaudación y a los salarios. El cambio pone un techo a las jubilaciones y avala la pérdida del poder adquisitivo de los haberes durante la era Macri. “Los adultos mayores nuevamente son las víctimas de este sistema", como afirmó Eugenio Semino, abogado y defensor de la Tercera Edad.

La política hacia las jubilaciones es parte de un combo de medidas para ajustar como suele pedir el FMI. Así, se presentó un presupuesto 2021 con importantes recortes (tiene una caída de 9,5 % en términos reales si se suman todos los gastos excluyendo el pago de intereses de deuda), vuelven los tarifazos a la luz y al gas el año próximo, y se suspendió el Ingreso Familiar de Emergencia 4. Las paritarias de este año son de miseria y se profundiza el deterioro salarial con una inflación que aumenta.

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El Gobierno nacional y provincial decidieron desalojar y reprimir a las familias sin techo de Guernica que pedían por su derecho a tener una vivienda. El oficialismo cedió a las exigencias de las patronales de proteger la propiedad privada.

Mientras empeoran las condiciones de vida para el pueblo trabajador, Fernández premió a los grandes empresarios. Hubo una rebaja de las retenciones a la soja, autorizó aumentos de precios como las naftas a pedido de las petroleras, anunció un nuevo estímulo para las empresas productoras de gas. También benefició a los lobos de Wall Street, en la negociación con los bonistas para reestructurar la deuda bajo legislación extranjera. Guzmán concedió U$S 17.000 millones adicionales en relación a la oferta inicial.

Ante las presiones devaluatorias de los empresarios, el ministro lanzó un festival de bonos para contener la divisa, emite más deuda con licitaciones a medida como las que aprovecharon Pimco o Templeton. Son los fondos que hicieron negocios con Macri y por las restricciones cambiarias se quedaron con los pesos. Ahora obtuvieron bonos en dólares. Un premio a los especuladores. La lista de los beneficios para los dueños del país podría seguir.

En este marco de mayor ajuste, y de protección de los negocios capitalistas, el Frente de Todos convocó al tratamiento del proyecto de ley de aporte solidario de las grandes fortunas el próximo martes en Diputados. Se demoraron unos siete meses en querer debatirlo, en mayo peronistas y macristas acordaron no discutir el proyecto del Frente de Izquierda de impuesto a las grandes fortunas en el Congreso. No hay grieta para cuidar los intereses de las patronales.

El Frente de Izquierda adelantó que defenderá su propio proyecto. El diputado Nicolás del Caño sostuvo que "nuestro proyecto no es para encubrir un ajuste, sino que es parte de un programa integral que plantea el desconocimiento de la deuda externa fraudulenta, ningún pacto con el FMI, la nacionalización del sistema bancario para poner en resguardo los ahorros y tener crédito barato para la construcción de viviendas y el monopolio del comercio exterior para cuidar las divisas y evitar las maniobras fraudulentas de los importadores y exportadores".

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El FIT-U plantea una salida para que la crisis la paguen los capitalistas en la perspectiva de una reorganización integral de la economía en función de las necesidades sociales.

¿Cuáles son las diferencias entre el proyecto de la izquierda (FIT-U) y el del Frente de Todos?

El proyecto de la izquierda afecta a las 15.000 personas más ricas (0,04 % de la población del país) con alícuotas progresivas que van del 5 % al 15 %. También propone gravar con un 20 % las ganancias de los bancos, que tuvieron ganancias récord. El proyecto del FIT-U no sólo grava a las personas como propone el proyecto del Frente de Todos, sino también las ganancias empresarias, y la gran propiedad de la tierra. El proyecto del Frente de Todos excluye a muchas de las principales fortunas de empresarios con domicilios fiscales en el extranjero o a quienes tienen su patrimonio en sociedades anónimas del exterior como Alejandro Pedro Bulgheroni de Pan American Energy Group (PAE), el CEO de Mercado Libre Marcos Galperin y Hugo Sigman de Grupo Insud. El proyecto oficial se calcula que recaudará U$S 3.000 millones, en tanto que el de la izquierda permitiría recaudar entre U$S 15 mil y U$S 20 mil millones. El proyecto de la izquierda destinará lo recaudado a otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $ 30.000 para los trabajadores precarizados; para la compra de material sanitario y equipamiento médico y hospitalario; y la construcción de 100.000 viviendas ante el elevado déficit habitacional. El proyecto oficial destinará lo recaudado de la siguiente manera: un 20 % a asistencia sanitaria, un 20 % subsidios a PyMES, un 20 % a becas progresar, un 25 % de subsidio a empresas de exploración de gas, y un 15 % en obras para barrios populares. Una gran parte se destina a las empresas y a subsidiar la contaminante técnica del fracking. El proyecto de la izquierda (FIT-U) se presentó en abril. El del Frente de Todos, más de cinco meses después de comenzada la pandemia y el ASPO, el 29 de agosto.

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