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Grupos de discapacitados protestan contra la eutanasia en Canadá

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(Michael Cook, Bioedge) Los grupos de personas con discapacidad en Canadá están alzando su voz con fuerza para detener el proyecto de ley que amplía el alcance de la legislación sobre la eutanasia.

Con la legislación actual, aunque algunas personas con enfermedades crónicas deseen “ayuda médica para morir”, es posible que no tengan derecho a ella porque su muerte no es “razonablemente previsible”, según indica la ley en vigor.

Pero ahora una nueva propuesta, el proyecto de ley C-7, propone eliminar el requisito de “previsibilidad razonable de la muerte natural”.

Los defensores de los discapacitados creen que el proyecto de ley C-7 envía el mensaje de que sus vidas no merecen ser vividas. “Nuestro mayor temor siempre ha sido que tener una discapacidad se convierta en una razón aceptable para el suicidio asistido por el Estado“, ha afirmado Krista Carr, de Inclusion Canada, ante el comité de justicia de la Cámara de los Comunes esta semana. “El proyecto de ley C-7 es nuestra peor pesadilla“.

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Catherine Frazee, de la Escuela de Estudios sobre la Discapacidad de la Universidad de Ryerson, sosteine que el gobierno está haciendo posible que las personas con discapacidad se suiciden mientras que, por otro lado, hace todo lo que está en su mano para prevenir el suicidio del resto.

“¿Por qué sólo nosotros?“, preguntó. “¿Por qué sólo las personas cuyos cuerpos están alterados o provocan dolor o están en decadencia? ¿Por qué no todos los que viven fuera del margen?

Roger Foley, de 45 años de edad, con una enfermedad neurodegenerativa que lo ha dejado hospitalizado, incapaz de moverse o cuidarse a sí mismo, relató cómo se le ha negado la atención domiciliaria y ha sido presionado por el personal del hospital para buscar una muerte asistida. “Mi vida se ha devaluado. He sido coaccionado para que opte por una muerte asistida a través de abusos, descuidos, falta de cuidados y amenazas“, he explicado Foley.

Foley ha presentado una demanda judicial basada en su derecho a una “vida asistida”.

Carr también afirmó ante el comité que “todas las organizaciones nacionales de discapacidad se oponen” al proyecto de ley C-7, pero sus voces “están siendo silenciadas por personas que no experimentan la marginación sistémica, la pobreza y la falta de apoyos y circunstancias de vida que experimentan las personas con discapacidad y que les llevan a situaciones en las que la “ayuda médica para morir” les es presentada o sienten que es su única opción“.

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