La Consejería de Fomento ha comenzado a comunicar por carta a los afectados el archivo de los expedientes de devolución de ayudas para la reparación de las viviendas dañadas por los terremotos de 2011.

La decisión del Gobierno regional de zanjar el proceso burocrático se dio a conocer el pasado mes de abril y ahora, a través de una notificación firmada por el secretario general de Fomento, Enrique Ujaldón, se informa a los damnificados de la estimación de los recursos de reposición que fueron redactados por el grupo municipal de IU y presentados por los vecinos.

La concejal de esta formación Gloria Martín, que es coordinadora de la plataforma de afectados, ha mostrado su satisfacción porque el archivo de estos expedientes supondrá que 5.300 familias lorquinas «pongan fin a una pesadilla que ha durado tres años y ha supuesto la redacción de centenares de alegaciones y recursos ante la administración autonómica».

El fundamento jurídico para estimar los recursos, que suponen el archivo de la causa y que los afectados no tengan que devolver la ayuda ni el pago de los intereses de demora, tiene que ver con la aplicación de la Ley autonómica 2/2020, que sustituye a otras dos normas que fueron aprobadas en la Asamblea Regional gracias a la presión de la plataforma de afectados, que coordina Martín.

Finalmente se dará por justificado el empleo de las subvenciones a las personas que presentaron una memoria justificativa junto a un certificado expedido por un técnico competente. Se beneficiarán de esta medida todos los casos en los que la suma de la subvención y la indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros no exceda del valor del peritaje que hicieron los técnicos de la Comunidad.

Martín ha explicado que queda por resolver la situación de las familias que percibieron la ayuda y la indemnización del Consorcio por importe superior a la tasación de los daños. Ha considerado que «las administraciones no están teniendo en cuenta los daños ocultos que aparecieron después y el coste real que finalmente tuvieron las obras, que fue superior a lo estimado inicialmente».

En estos casos la edil ha confiado en que la aplicación de los plazos de prescripción beneficien a buena parte de esas familias y ha ratificado el compromiso de su partido de «seguir acompañando en su lucha en los tribunales a los damnificados que han agotado la vía administrativa».