Europa es considerado como el continente en el que las políticas sociales han triunfado y el Estado del Bienestar se ha implantado. El gasto público catalizado por el gasto social se dinamizó después de la Segunda Guerra Mundial y hoy, el peso del Estado sobre la economía, carece de precedentes históricos.

Y no es para menos, si analizamos la Eurozona, el gasto público asciende al 46,7% del PIB (año 2018). Unos niveles muy alejados del resto de países desarrollados cuyo gasto público tiende a situarse por debajo del 40% del PIB.

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Y ese gasto público tiene muchas partidas, siendo la más destacable la de protección social, que incluye principalmente las pensiones, las prestaciones por desempleo y los subsidios por enfermedad y discapacidad. Se ha constituido como el principal ámbito de gasto en el conjunto de la UE en 2018 (19,2% del PIB). En los extremos de esta política tenemos al 24,1% en Finlandia (seguido del 23,9% en Francia) y en el extremo el 9% en Irlanda.

La segunda parte más alta de las asignaciones por parte de los Gobiernos, que alcanza el 7% del PIB, está representada por la sanidad, a nivel nacional, Dinamarca se sitúa a la cabeza con un 8,4%, mientras que Chipre cierra la clasificación con un 2,7%.

Los servicios públicos generales representaron el 6% del total de la UE: estos gastos se refieren al gobierno y el parlamento, los asuntos fiscales y la gestión de la deuda pública, incluidos los intereses de la deuda, así como los asuntos exteriores, incluidas las embajadas y la ayuda humanitaria y al desarrollo. Los Estados miembros de la UE con mayor porcentaje de su PIB dedicado a los servicios públicos fueron Grecia y Hungría (ambos con un 8,3%), mientras que el porcentaje más bajo se registró en Irlanda, con un 3,1%.

La educación representó el 4,6% del PIB de la UE: Suecia fue el país miembro con el valor más alto (6,9%), mientras que Irlanda y Rumanía registraron el menor, el 3,2%.

Las asignaciones para ocio y cultura alcanzaron una media del 1,1% en toda la UE. Estas asignaciones oscilaron entre el valor más alto registrado en Hungría, un 3,2%, y el más bajo en Irlanda con un 0,5% del PIB.

La categoría de asuntos económicos representó el 4,4% del PIB en la UE. Las asignaciones relacionadas con transportes, incluido el gasto en carreteras y ferrocarriles, representan la mayor parte de esta partida. Chipre e Irlanda se sitúan en los extremos de la clasificación de la UE, ya que el primero presenta una cuota del 9,9%, mientras que el segundo presenta un 2,3%.

El gasto público en seguridad (incluidos los tribunales y la policía) representa el 1,7% del PIB en la UE. Bulgaria encabezó el ranking con un 2,5%, seguida de Letonia, Eslovaquia, Croacia, Hungría y Rumanía, que registran cifras entre el 2,2% y el 2,4%. Dinamarca e Irlanda, por su parte mostraron un 0,9% y un 1,0% respectivamente.

Los gastos relacionados con Defensa, a pesar de ser relativamente bajos, mostraron una dispersión que va desde el valor más alto es el de Letonia, con un 2,1% del PIB, seguido de Grecia y Estonia, ambos con un 2%, y el 0,3% del PIB para Irlanda.

El problema de todo ese gasto público propio de la estructura del Estado del Bienestar, es que tiene sus consecuencias negativas sobre las tasas de crecimiento de la economía. En el estudio de Barro, RJ (1991):Economic Growth in a Cross Section of Countries se sentaron las bases de los modelos de estructura de las finanzas públicas al extender los modelos de crecimiento endógeno con la adición de servicios gubernamentales financiados con impuestos que afectan la producción. Y en ese estudio se demostró que las tasas de crecimiento aumentan inicialmente con los gastos por parte del gobierno productivos, pero luego disminuyen cuando se produce un increneto en el gasto social.

Y muchos estudios van en esa línea. El estudio de Fölster y Henrekson (2001): Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries nos ofrece un dato revelador y es que se estarían perdiendo entre 0,7 y 0,8 puntos en la tasa de crecimiento del PIB por cada aumento de 10 puntos porcentuales del índice de gastos.

Más adelante, en el estudio de Barrios y Schaechter (2008): The Quality of Public Finances and Economic Growth se confirmó la correlación negativa entre el gasto público y el crecimiento económico, aunque ofrecen un matiz interesante, indicaron una correlación positiva débil entre las inversiones públicas y el crecimiento económico.

Ante la evidencia empírica de los efectos negativos del abultado gasto público sobre el futuro de la economía, nos encontramos ante un dilema que Europa debe resolver: seguimos con un modelo de gran presencia del estado, aunque ello suponga arruinar el potencial de desarrollo de las sociedades, o apostamos por echarle fuerza al motor del crecimiento económico.

No toda Europa se corta bajo el mismo patrón. Como hemos visto, hay un país que repite en los puestos de menor peso en las partidas del gasto público... Irlanda.

Y no, no se trata de un país en el que la ciudadanía esté desamparada, sin acceder a sanidad o educación. Se trata de un país que ante el dilema de Estado de Bienestar o crecimiento, prefirió esta última opción. Curiosamente, en el año 2020, Irlanda fue la única economía de la UE que experimentó un crecimiento del 3%. Eso contrasta fuertemente con la contracción promedio en la UE de una caída del -6,8%.

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En los últimos años de auge en el ciclo económico, el crecimiento de Irlanda ha tenido un comportamiento sobresaliente, con una tasa de crecimiento media del 9,8%. Muy lejos del conjunto de los países desarrollados pertenecientes a la OCDE que ha promediado una tasa del 2,2% o de la Unión Europea del Estado del Bienestar que se ha conformado con un 2%.

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