La situación de alrededor de 430.000 refugiados pende de un hilo en Kenia, donde el gobierno ha vuelto a lanzar un ultimátum para el cierre de los campamentos de Daadab y Kakuma, en el marco de la tensión con la vecina Somalia. Mientras, Chad parece precipitarse en una espiral de incertidumbre, tras la muerte del presidente Idriss Déby pocos días después de su reelección, la coincidencia con una rebelión armada y los manejos para la sucesión del mandatario por parte de su hijo. Sin embargo, en Burkina Faso las nubes se abren con el expresidente acusado formalmente por el asesinato del carismático Thomas Sankara.

Muere el dictador chadiano, pero el futuro sigue siendo incierto

El lunes, 19 de abril, la autoridad electoral chadiana hizo públicos los resultados provisionales de las elecciones que se habían celebrado apenas una semana antes. El presidente saliente Idriss Déby Itno obtenía una victoria aplastante en la primera vuelta de los comicios con un 79,32% de los votos, que le encaminaban hacia su sexto mandato, superadas las tres décadas en el poder. El mismo lunes, esta previsible información compartía protagonismo con las triunfales noticias oficiales que aseguraban que el ejército se había enfrentado y había vencido a una columna de rebeldes armados que habían empezado a ganar terreno en el oeste del país, al norte de la capital, Yamena; y con los intercambios más confusos sobre los y las chadianas que abandonaban esa misma ciudad ante la posibilidad de que fuese escenario de enfrentamientos.

Al día siguiente, el martes, la comparecencia de un portavoz del ejército en la televisión nacional lanzaba una noticia mucho más sorprendente e inquietante. El presidente chadiano, el autoproclamado “mariscal de Chad”, Idriss Déby Itno había muerto, nada menos que en combate en los enfrentamientos con esos grupos rebeldes. Y a partir de ese momento, del pasado martes, se ha abierto un espacio incertidumbre en el país marcado por el temor y la desinformación.

En Chad la sociedad civil denuncia un intento de “sucesión monárquica”, al no respetarse tras la muerte del presidente los mecanismos civiles que ya contemplaba la Constitución. Entre tanto, proliferan los rumores sobre la muerte de Déby

Por un lado, el Frente para la Alternancia y la Concordia de Chad (FACT, por sus siglas en francés), que lidera esta última rebelión, continua difundiendo informaciones en la que asegura que avanza y controla diferentes zonas del norte del país, mientras que aparecen comunicados de otros grupos que aseguran haberse aliado con esta facción “para la liberación total” del país. Por otro lado, en medio del vacío de poder, inmediatamente después de la muerte de Déby se ha constituido un consejo militar, liderado por uno de los hijos del antiguo presidente, Mahamat Idriss Déby, que ha disuelto el parlamento y el gobierno, ha suspendido la Constitución y ha proclamado una nueva Carta de la Transición, en la que se anuncia que el mandato del consejo militar de transición durará un año y medio, aunque puede ser prorrogado.

Esta fórmula ha sido aplaudida por Francia, una toma de posición que ha levantado ampollas. Y, en paralelo, la sociedad civil denuncia un intento de “sucesión monárquica”, al no respetarse los mecanismos civiles que ya contemplaba la Constitución. Entre tanto, proliferan los rumores en relación a los detalles de la muerte de Déby, al equilibrio de fuerzas del enfrentamiento armado que se produce en las regiones remotas y a la amenaza que pesa sobre Yamena.

La posibilidad de que las potencias extranjeras jueguen un papel importante es este conflicto son muy elevadas, teniendo en cuenta que el control de Chad es uno de los pilares fundamentales de la estabilidad en una región, la del Sahel, que se mantiene en un precario equilibrio.

Los procedimientos de la democracia, más allá de la democracia

En las últimas semanas se han producido elecciones que han resultado muy controvertidas por la escasez de transparencia y de garantías de respeto a las reglas del juego democrático. Sin embargo, el poder de redención que parecen tener los procesos electorales han permitido que los procedimientos institucionales continúen a pesar de las grandes dudas sobre la democracia. De hecho algunos de estos actos institucionales, a pesar de cumplir con los procedimientos, no hacen sino aumentar las sospechas. En Benín, por ejemplo, la autoridad electoral anunció los resultados provisionales (pendientes de la aprobación por parte del Tribunal Constitucional) solo dos días después de las votaciones. El presidente saliente, Patrice Talon, consiguió el 86,37% de los votos en unos comicios marcados por la ausencia de la oposición, encarcelada, en el exilio o decidida por el boicot.

En la República del Congo el principal opositor en las elecciones y que efectivamente resultó ser el segundo en el recuento, ni siquiera pudo ver el resultado ya que murió por complicaciones atribuidas a la Covid19, al día siguiente de la votación

Todavía más apoyos consiguió el presidente congoleño Denis Sassou Nguesso, a quien las autoridades electorales del país le atribuyeron el 88,57% de los sufragios emitidos. No se puede perder de vista que a pesar de los inconvenientes, el principal opositor en estos comicios y que efectivamente resultó ser el segundo en el recuento, ni siquiera pudo ver el resultado ya que murió por complicaciones atribuidas a la Covid19, al día siguiente de la votación. Denis Sassou Nguesso tomó posesión de su quinto mandato como presidente el viernes pasado en Brazzaville, la capital del país. El presidente yibutí, Ismael Guelleh sin embargo demostró mucho más poder que sus homónimos, ya que apenas dejó a su principal “oponente” 5.000 de los votos contabilizados. Los resultados provisionales asignaron al dirigente yibutí el 98,58% de los votos.

Tensión en torno a los campos de refugiados en Kenia

Hace un mes, el gobierno de Kenia rompió la baraja, al anunciar el cierre de los campos de refugiados de Dadaab y Kakuma que se sitúan en su territorio y que, según los datos de ACNUR albergan a 430.000 refugiados y solicitantes de asilo de 15 países diferentes. Las autoridades kenianas dieron a la agencia internacional que gestiona los campos un ultimátum de 14 días para buscar una solución antes de verse obligados a clausurar los asentamientos abruptamente y expulsar a sus habitantes.

No es la primera vez que se produce una crisis de este tipo. En 2016, el gobierno ya anunció el cierre de Dadaab, que lleva más de tres décadas funcionando. En aquella ocasión, la decisión se justificaba porque los servicios de inteligencia aseguraban que algunos de los participantes en los ataques terroristas ocurridos en el país habían salido de Dadaab. El tribunal superior keniano frenó el embate al declarar la medida inconstitucional.

El anuncio actual llega en un momento en el que las relaciones de Kenia con Somalia, el país del que proceden buena parte de los refugiados, se ha deteriorado considerablemente. Y ha vuelto a desencadenar un proceso de negociación para facilitar una operación tan compleja como la clausura de estos campamentos garantizando que se siguen defendiendo los derechos de sus residentes. ACNUR ya ha presentado su propuesta al gobierno keniano. Las recomendaciones de la agencia internacional se centran en la promoción de una repatriación voluntaria con garantías, la implantación de algunos de los refugiados en las sociedades locales, la identificación de ciudadanos kenianos que también viven en los campos y el reasentamiento en otras instalaciones en los casos más complejos. En todo caso, esta propuesta aplazaría considerablemente en el tiempo la solución definitiva.

Compaoré ante la justicia (y ante la historia)

Han tenido que pasar casi 34 años del asesinato del presidente burkinés Thomas Sankara en Ouagadougou, para que el crimen llegue a los tribunales. Hace diez días se hizo pública una noticia que es un hito histórico sin precedentes en la recuperación de la memoria histórica en el país saheliano: el que fuera mano derecha y sucesor de Sankara tras su asesinato, Blaise Compaoré, será juzgado junto a otras diez personas —incluidos sus colaboradores más estrechos y más poderosos— por un tribunal militar.

El que fuera mano derecha y sucesor de Sankara tras su asesinato, Blaise Compaoré, será juzgado junto a otras diez personas —incluidos sus colaboradores más estrechos y más poderosos— por un tribunal militar

Compaoré había acompañado al carismático revolucionario burkinés durante su breve gobierno de apenas tres años, pero la relación se fue degradando entre ellos. El controvertido presidente, Thomas Sankara fue asesinado junto a doce de sus colaboradores en octubre de 1987 y a partir de ese momento, fue Blaise Compaoré quien ocupó el sillón presidencial, hasta que fue depuesto por un levantamiento popular en 2014. En la actualidad Compaoré se encuentra huido en Costa de Marfil por lo que es improbable que se siente físicamente en el banquillo de los acusados, pero su acusación y su juicio en rebeldía es un importante gesto para la recuperación de la memoria del periodo de Sankara que tiene una enorme carga simbólica.

Negociaciones en uno de los conflictos armados más antiguos del continente

Aunque sea la enésima ocasión el regreso a la mesa de negociación siempre es una buena noticia. En este caso, el gobierno de Senegal volvió a encontrarse a principios de abril en Praia, la capital de Cabo Verde, con una delegación del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de la Casamance (MFCD), que lideran una rebelión en la región del sur de Senegal desde hace casi cuatro décadas.

Ha sido el Centro Henry Dunant para el diálogo humanitario, la organización facilitadora de las conversaciones, la que ha hecho pública la celebración del encuentro y el documento preliminar firmado por las partes en el que se señalan la voluntad de los participantes de “resolver el conflicto en Casamance a través del diálogo” y de “favorecer un comportamiento constructivo, evitando cualquier acción delincuencial sobre el terreno que pueda generar tensión”.

Más allá de los roces entre las comunidades locales y las autoridades del Estado senegalés, el conflicto en Casamance que en un primer momento tenía un carácter social, se desencadenó en 1982, por la represión violenta de las manifestaciones en las que los habitantes de la región del sur denunciaban el aislamiento y la discriminación. A partir de aquella respuesta hostil a las reivindicaciones, el desencuentro se fue enconando hasta que casi una década después el MFDC tomó las armas y la confrontación fue derivando hacia el secesionismo.

Desde aquel momento, el conflicto se ha ido enquistando y la estrategia del divide y vencerás a dificultado una resolución definitiva. Sucesivamente, diferentes facciones han ido firmando acuerdos de paz, pero en ningún momento se ha buscado una solución definitiva y general. En este caso, no ha trascendido quiénes han sido los representantes del MFDC que han participado en el encuentro. El documento solo habla del “comité provisional de las alas política y combatiente unificada del MFDC”. Las últimas conversaciones sólidas se desencadenaron en 2012 en Roma con la mediación de la Comunidad de Sant’Egidio y supusieron un soplo de esperanza por la participación de Salif Sadio, líder de uno de los frentes con más poder militar del MFDC. Quedaron en punto muerto en 2017, aunque volvieron a experimentar un intento de renovación en febrero de 2020.