El TC rechaza que se deban investigar por lesa humanidad las torturas del franquismo

El pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado este miércoles admitir a trámite un recurso de amparo presentado por CCOO por las torturas a sus fundadores durante el régimen franquista. El sindicato acusaba de crímenes de lesa humanidad a mandos policiales por la persecución de disidente políticos. El tribunal de garantías ha informado de la inadmisión adoptada por mayoría con tres magistrados de los doce en contra. Se basa en la prescripción y la Ley de Amnistía.

Considera el TC que tanto el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo inadmitió por la querella como la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo que confirmó la decisión en 2018 actuaron de conformidad a las leyes y la jurisprudencia.

En un auto, pendiente aún de redacción, el TC considerará que los argumentos de inadmisión de la querella por parte del juzgado de instrucción y de la Audiencia Provincial de Oviedo anteriormente señalados, se acomodan al canon constitucional de la atipicidad de las conductas denunciadas, la prescripción de los posibles delitos entonces sancionados y la validez de la Ley de Amnistía. Se basan en la posición jurisprudencial y doctrinal dominante al respecto.

El sindicato ha seguido la vía de la denuncia en otros procedimientos. Recientemente, su división de Valencia presentó nuevas querellas por hechos cometidos durante la dictadura que incluyeron detenciones irregulares y torturas a varios de sus dirigentes.

Contra la intención del Gobierno

La decisión del TC se produce poco después de que el Gobierno aprobara su anteproyecto de ley de Memoria Histórica en el que se incluye la creación de una nueva Fiscalía de sala en el Tribunal Supremo para investigar hechos de la guerra y la dictadura "hasta la entrada en vigor de la Constitución que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario". Tendrá funciones "de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados", refleja el borrador de la norma.

Desde la Fiscalía General del Estado se impulsó también recientemente la cooperación en este ámbito. La fiscal general Dolores Delgado dejó sin efecto una orden del Ministerio Público del año 2016 en la que se invalidaba la investigada que impulsa desde Argentina la jueza Maria Servini. El pasado agosto esta decisión favoreció la cooperación para que la magistrada interrogara a Rodolfo Martín Villa.