El Senado aprobó a viva voz, en su sesión de hoy, un proyecto de ley que le extiende ciertas protecciones a personas que solicitan asistencia médica mientras sufren una sobredosis y a personas que utilizan la Naloxona.

El Proyecto del Senado 71, del senador independiente José Vargas Vidot y el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, ofrece ciertas garantías de no ser procesados criminalmente tanto a víctimas de sobredosis como a testigos que evitarían intervenir por miedo a ser castigados penalmente. Una medida idéntica fue engavetada el pasado cuatrienio en un comité de conferencia y, según supo El Nuevo Día, por objeciones de sectores religiosos.

“Esta es una medida que durante mucho tiempo hemos insistido en que ese apruebe”, dijo Vargas Vidot al recordar los años que ha trabajado con personas adictas. Según su cálculo, unas 180,000 personas pueden ser consideradas adictas y unas 50,000 se exponen a sobredosis. No obstante, personas que sufren dolores crónicos también toman opiáceos y potencialmente pueden desarrollar adicciones y sobredosis.

“Esto es un proyecto humanitario. (Las Adicciones) han provocado muertes, violencia, disloques en muchos hogares y por cada persona que sufre una enfermedad de adicción, se puede trazar una línea de cuatro a cinco personas que son su grupo de apoyo”, señaló. “La posibilidad de morir en las calles por sobredosis es altísima”.

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), que tendría que preparar ciertos memoriales para hacer valer la propuesta ley, presentó hoy su memorial y avaló la medida, indicó Vargas Vidot. Sin embargo, al entregarse el memorial muy tarde y no pudo ser incluido en el informe positivo de la medida.

“Todas las vidas tienen un inmenso valor”, señaló la senadora pipiola María de Lourdes Santiago al describir el proyecto como un instrumento para los que rompen noche ayudando adictos en la calle. “Este proyecto lo que significa es que salvar una vida no será un delito”.

Específicamente, el proyecto dispone que una persona que esté experimentando una sobredosis de opioides o una persona que le procure asistencia médica no será arrestada ni procesada posteriormente ni sujeta a que se le pueda revocar una libertad condicional o probatoria, siempre y cuando la evidencia en manos del Estado sea obtenida exclusivamente porque la víctima o el testigo solicitó ayuda.

El proyecto sí deja la puerta abierta a que se le modifiquen términos de supervisión condicional.

El proyecto contiene una serie de salvaguardas para que las protecciones legisladas impidan a las autoridades puedan ocupar evidencia, detener a una persona por una conducta no relacionada a su adicción o su rol de testigo.

Con la medida también se le ordena a la ASSMCA crear el Programa para la Prevención de Sobredosis de Opioides, una iniciativa creada para autorizar a ciertas organizaciones sin fines de lucro de naturaleza salubrista o comunitaria a orientar al público sobre los peligros de los opioides y que tengan acceso a antídotos como lo es la Naloxona y distribuirlos entre los participantes.

La Naloxona es un medicamento que revierte rápidamente una sobredosis de opioides.

Cualificarían para recibir Naloxona: programas comunitarios, programas de abuso de sustancias controladas, programas de acceso a jeringas, programas de reducción de daño y programas de servicios a personas sin hogar.

El proyecto establece ciertas responsabilidades a las organizaciones autorizadas para recibir, sin la necesidad de una receta, la Naloxona, incluyendo una orientación al recipiente del medicamento sobre su uso correcto.

La medida también establece que un profesional de la salud o un farmacéutico no estaría sujeto a acciones civiles, criminales o disciplinarias por despachar el antídoto.