El ataque del Gobierno al castellano sigue adelante tras conseguir que la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso haya aprobado el dictamen de la Ponencia sobre la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como Ley Celaá, con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País.

La representante de Bildu se ha ausentado de la sala antes de terminar la sesión, mientras que PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra tras advertir que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional, tanto por eliminar el castellano como lengua vehicular como por derogar la libertad de los padres para elegir un centro concertado.

Ahora, el texto pasa al Pleno del Congreso, donde el próximo jueves aún se podrán aplicar cambios porque se mantienen algunas enmiendas «vivas».

Enmiendas relevantes para algunos grupos como el castellano obligatorio en el 25 % del horario escolar, la Religión al margen del currículo y fuera del horario escolar o Ética obligatoria en cuarto de la ESO, no han salido adelante.

La ley Celaá, que además debe pasar por el Senado, se aprobaría en su caso antes de la próxima primavera, según fuentes parlamentarias. Sería la octava ley educativa de la democracia.

Enmiendas

El dictamen recoge algunas de las enmiendas aprobadas en las últimas semanas y que han generado fuertes críticas entre la oposición, como es el caso de la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en educación, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares, cuestión que ha suscitado una gran polémica.

De hecho, PP, Cs y Vox ya han anunciado que llevarán esta Ley al Tribunal Constitucional (TC) si es apoyada por la mayoría absoluta de la Cámara baja.

El texto también incluye: el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la «excepcionalidad» de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.

La diputada del PP Sandra Moneo ha acusado al PSOE de no haber buscado el acuerdo y de ser «el peor enemigo de la educación» a través de una ley que «ataca la libertad frontalmente y la calidad del sistema». La portavoz de Educación ‘popular’ ha lamentado que el texto hable de «inclusión» sin tener en cuenta la «equidad» y que por ejemplo, no distinga entre las necesidades de los menores con diferentes discapacidades. «Con sus medidas hundirán al más débil», ha advertido.

Para Vox, la Ley Celaá es «un entreguismo a quienes quieren romper España», según la ha definido su portavoz en esta materia, Joaquín Robles López. Su compañera Georgina Trías, por su parte, ha criticado la falta de libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y ha advertido al Ejecutivo que cuando el TC se pronuncie «tendrán que implantar el ‘pin parental’» de Vox para cumplir con ste derecho.

Muy crítica ha sido también la representante de Ciudadanos, Marta Martín, quien ha calificado la ley como una «vergüenza» y considera que es de «dudosa garantía democrática». La diputada también ha criticado el «trampantojo» de las repeticiones, y ha recriminado al PSOE sus propuestas sobre la Alta Inspección Educativa que, a su juicio, no son «democráticas».

La diputada ha ofrecido a los socialistas, durante la sesión, un «acuerdo de mínimos», pero que «se ajusta a las sentencias del Constitucional» en este sentido, y que determina que en aquellas comunidades en las que se ha sometido a los alumnos a la inmersión lingüística tengan, al menos, el 25% de enseñanza en castellano. La propuesta ha sido rechazada.