Jueves 4 de marzo | 18:39

Imagen: Primero Bahía.

En las últimas horas, la jueza Gabriela Marrón aceptó formalmente el pedido de inhibición, en la causa por desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, presentado el 12 de febrero por el fiscal interino de la Fiscalía Federal N° 1 de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez.

Aquel viernes de mediados de febrero en pocas horas hubo numerosas novedades en la causa. Por un lado, la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó parcialmente la negativa de la jueza Marrón de investigar a la Bonaerense, y ordenó el allanamiento y peritaje de la comisaría de Teniente Origone y el secuestro y análisis de los teléfonos de los policías implicados.

Al mismo tiempo los otros dos fiscales a cargo del caso, Andrés Heim y Horacio Azzolin, pidieron apartar a la jueza Marrón por considerar que su actuación era parcial y no permitía llegar a la verdad. Heim y Azzolin habían sido designados. para actuar junto a Ulpiano Martínez. por la Procuración General de la Nación luego de que Cristina Castro lo denunciara en la sede del Ministerio Público Fiscal en la Ciudad de Buenos Aires.

Probablemente el pedido de inhibición presentado por Martínez tenga que ver con el desarrollo de estos acontecimientos recientes. En su escrito, como ya señalamos en este medio, el cuestionado fiscal se victimiza de distinas maneras. Ahora la jueza Marrón en su resolución, a la que La Izquierda Diario tuvo acceso, retoma esos argumentos, como mínimo llamativos, como la "postura esgrimida por los querellantes, teñida de una profunda pérdida de confianza con la que ha insistido la madre de la víctima –a su criterio de manera infundada e injusta-."

Curioso acusar de injusticia a Cristina Castro que lleva más de diez meses peleando contra viento y marea por llegar a la verdad y la justicia, contra un enorme operativo de encubrimiento que implicó desde funcionarios municipales del partido de Villarino hasta las mentiras y las bravuconadas del ministro mediático con perfil de Rambo, Sergio Berni, encargado de la cartera de Seguridad del gobierno de Axel Kicillof.

En una reciente entrevista concedida a este medio, Cristina señalaba: “El fiscal Martínez tiene muchas cosas que explicar. Él habla de ‘violencia moral’... violencia moral es la que sufrí yo desde el día uno. Me hubiera gustado que no se escapara cuando fui a Bahía Blanca a hablar con él. También que me explicara qué hacía él en el cangrejal cuando apareció el cuerpo de mi hijo y por qué las fotos que le tomó al cuerpo se las envió a Sergio Berni antes de mostrármelas a mí. Berni tenía fotos de mi hijo antes de yo siquiera haber pisado ese lugar. ¿Con qué fin lo hizo eso Martínez?”

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Además de dar entidad a los planteos de Martínez respecto de haber sido "destinatario de una serie de manifestaciones injuriantes tanto dentro como fuera del proceso –mediáticamente-, donde se me ha descalificado profesional y personalmente” la jueza puntualiza en su escrito que estas circunstancias lo han "colocado en una posición que violenta su espíritu, pudiendo eventualmente afectar a futuro la objetividad que le es requerida". Sí, violenta su espíritu, resulta casi increíble.

Concluye su escrito la jueza: "En cuanto a las causales invocadas por el Dr. Santiago Ulpiano Martínez: pérdida de confianza de su labor y la del personal a su cargo, por parte de las querellas particular e institucional; discrepancias de criterios de actuación entre los acusadores públicos; denuncias en su contra en sede de la Procuración General de la Nación y organismos internacionales; manifestaciones injuriantes dentro y fuera del proceso donde se lo ha calificado profesional y personalmente, entre otros, a cuyo detalle en mérito a la brevedad me remito, resultan bastantes en el complejo contexto expuesto por el nombrado para admitir su inhibición."

Abundan documentos desde hace más de una década sobre el perfil y el prontuario de Santiago Ulpiano Martínez, siempre relacionado con el poder político y económico y siempre a favor de la impunidad de los genocidas (al punto de ser un obstaculizador serial de causas, con particular dedicación a salvar a civiles protagonistas de la dictadura cívico-militar-eclesiástica).

No sabemos, considerando todo esto, a qué se refieren el fiscal inhibido y la jueza Marrón con las "manifestaciones injuriantes", pero sabemos que, para quienes peleamos por verdad y justicia por Facundo, su apartamiento no es una mala noticia. Será necesario seguir señalando que es el Estado quien aún tiene pendiente explicar qué hicieron con Facundo, y exigir el castigo a los responsables materiales y políticos.