Crisis sanitaria y el negocio de las vacunas

Una nueva semana con récord de contagios que ya roza los 30.000 diarios. El viernes cerró con 29.472 casos de covid-19 en 24 h, acumulando más de 59.000 fallecidos desde que inició la pandemia.

Sigue la preocupación por el colapso del sistema sanitario y ocupación de camas de terapia intensiva, y la circulación de nuevas cepas. El sábado se conoció una alarmante noticia: el 74% de los pacientes enfermos con residencia en La Plata pertenece a la variante MANAOS. La información la dieron a conocer los titulares del Ministerio de Salud bonaerense, aclarando que ninguno de esos pacientes tiene antecedentes de viaje al exterior. “La mutación generada en el norte de Brasil puede ser hasta 10 veces más contagiosa y afectar con más gravedad a las y los jóvenes”, dicen en Tiempo Argentino.

Sin embargo los anuncios del gobierno y la disputa entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires esquivan el debate más importante: destinar más recursos del presupuesto para enfrentar la segunda ola y tomar medidas para terminar con la irracionalidad del negocio de las vacunas.

Eduardo Van Der Kooy en Clarín insiste en que “el país quedó dependiendo de las dosis de Sputnik V, de Rusia, y Sinopharm, de China”. Agrega que “el acuerdo con AstraZeneca, productora de la vacuna de Oxford, está plagado de dificultades”. Pero no dice cuáles. Sucede que el principio activo de la vacuna AstraZeneca se está produciendo acá, en la provincia de Buenos Aires. Pero se está exportado, y Argentina no ha recibido ni una dosis.

Mario Wainfeld en Página 12 se anima a decir que “en materia de vacunación, aunque la necesidad apremie, se está dentro del reducido conjunto de países que las realizan con regularidad”. Compararse con países que no han recibido vacunas debido a la irracionalidad del negocio farmacéutico, podrá servir para tranquilizar a quienes viven de los fanatismos. O para quienes se niegan, casi por principio, a tocar los intereses de grandes empresas. ¿Es esa anémica regularidad del plan de vacunación lo único posible? Veamos.

Diego Genoud en El DiarioAr habla de un “operativo inexplicable”: nadie puede informar sobre “el paradero de las 22,4 millones de vacunas que el gobierno argentino ya pagó en un 60%” en referencia a la vacuna AstraZeneca. Esta semana Genoud desarrolló la denuncia que venían haciendo organizaciones de profesionales de la salud, de derechos humanos, científicos y el Frente de Izquierda. Argentina lleva exportado a México el componente para fraccionar el equivalente a 40 millones de dosis de la AstraZenaca.

Genoud cuenta que, el investigador del CONICET y especialista en inmunología, Jorge Geffner es uno de los que sostiene la necesidad de suspender la exportación. Argumenta que “lo mismo hicieron gigantes como Pfizer, Moderna y el propio AstraZeneca ante de la demanda de otros países de Europa”. El gobierno de Alberto Fernández decidió hasta el momento seguir con esta irracionalidad, sostener el negocio del Grupo Insud de Hugo Sigman. Esta posibilidad que permitiría un avance cualitativo para la inmunización de la población, opaca lo que algunos presentan como virtud: apenas el 12% obtuvo la primera dosis de la vacuna.

Pero no es todo. Diego Genoud agrega la posibilidad de tener la primera vacuna argentina contra el coronavirus. Se trata de un equipo de investigación de UNSAM/CONICET que la está desarrollando hace 10 meses. El problema es la falta de financiamiento: el gobierno no respaldó la investigación. La conclusión del periodista científico Daniel Arias es que “el ANMAT responde más rápido a las multinacionales que vienen con licenciamientos previos de las agencias regulatorias de Estados Unidos y la Unión Europea”. Toda una declaración de principios.

En La Izquierda Diario informamos en enero sobre esta investigación y las posibilidades de tener una vacuna argentina si la prioridad no fuera el negocio.

Para agregar datos a esta operación inexplicable e irracional, la ecuación del negocio farmacéutico alrededor de la vacuna es la del financiamiento público para la apropiación privada de las ganancias. Esta semana se conoció una investigación publicada en el periódico británico The Guardian que concluye que la vacuna Oxford-AstraZeneca se financió en un 97% con fondos públicos. Es decir que menos del 3% ha sido aportado por la industria farmacéutica. Lo mismo ocurre con otras vacunas como Moderna, financiada por fondos estatales de Estados Unidos.

Un negocio redondo para estos laboratorios: no ponen casi un peso para el desarrollo de las vacunas, y sus ganancias se multiplican en medio de una crisis sanitaria mundial con escasez en muchos países. En marzo de este año se conoció que los beneficios de AstraZeneca “podrían crecer más de un 40%, según los analistas, que creen que cerrará su año fiscal con unas ganancias de más de 4.500 millones de dólares, frente a los más de 3.100 millones que consiguió en 2020”.

Frente a los cuestionamientos irresponsables (y muchas veces ridículos) de la oposición de derecha frente al plan de vacunación y las medidas sanitarias, el oficialismo se aferra a la reivindicación de una regularidad a cuenta gotas de las vacunas. Pero ¿por qué el gobierno no toma medidas para invertir en el desarrollo de una vacuna argentina? ¿Por qué no decide suspender la exportación del principio activo del laboratorio mAbxience? ¿Por qué no se declaran de utilidad pública los laboratorios privados que tienen la capacidad de producir la vacuna como propone el Frente de Izquierda? ¿El negocio y la especulación de las grandes farmacéuticas están por encima de la salud para el gobierno?

Pareciera que el discurso de la derecha es funcional a esa apología de la miseria por parte del gobierno.

Sube todo menos el salario

Este jueves el INDEC publicó la inflación de marzo que no hizo más que confirmar la gravedad de una crisis económica y social con más de 19 millones de personas en la pobreza. La pérdida de empleo y la precarización van de la mano de la pulverización de la capacidad de compra arrastrada por la inflación.

Marzo cerró con una suba de precios del 4,8%, el aumento mensual más alto desde septiembre de 2019, y acumulando un aumento interanual del 42,6%. El ministro de economía Martín Guzman proyectó en el presupuesto 2021 una inflación del 29% para todo el año, y en apenas tres meses la suba es del 13%. Cerca de la mitad de las previsiones oficiales que ya no son creíbles para nadie.

Joaquín Morales Solá en La Nación justifica que los alimentos aumentaron en todo el mundo, y explica la “anomalía inflacionaria” argentina por la falta de un acuerdo con el FMI. “Si hubiera existido un acuerdo, postergado por razones electorales, habría al menos un ancla, una hoja de ruta”, dice haciendo propias las palabras del ministro Guzmán. El analista de La Nación se pregunta “¿Puede haber mayor vector de malhumor social que encierro e inflación compartiendo espacio y tiempo?”. Pero con “malhumor social” no se refiere a las y los trabajadores que están peleando por su salario y condiciones de vida porque pasan hambre y no llegan a fin de mes. Se refiere a “la rebelión de las ollas” que ayer se manifestaron en algunos puntos del centro porteño y en Olivos contra las medidas de restricción a la circulación que rigen desde el viernes y contra la suspensión de la presencialidad en las escuelas por dos semanas. Morales Solá justifica solamente las protestas que adoptan las banderas de la oposición de derecha.

Alfredo Zaiat en Página 12 se concentra en plantear el problema de la inflación como una “batalla política”. Comienza festejando al equipo económico del gobierno de Alberto Fernández por lo que él considera como méritos: refinanciar la deuda con acreedores privados, definir un marco de negociación con el FMI y el Club de París, ordenar las cuentas fiscales, entre otros.

Lo único que llega a reconocer es que “la evolución de la inflación no está incluida” en ese recorrido que considera favorable. De nuevo, se desliza esa apología de la miseria de lo posible. Como si el plan del gobierno fuera bárbaro y sólo se tratase de incluir un ítem por la suba de precios. Como si tuviéramos que festejar que se paguen deudas fraudulentas a costa del 42% de la pobreza, y que la contrapartida sean recortes y ajustes como en salud y ayuda social en la emergencia sanitaria.

El diagnóstico de Zaiat señala que el “fuerte repunte de los precios internacionales de las materias primas agropecuarias con recomposición acelerada de los márgenes de rentabilidad provocó el salto inflacionario”. Un aspecto que, como una parte del diagnóstico, compartimos. Aunque hay una omisión que también empuja el espiral de la suba de precios: los aumentos descontrolados de la nafta por decisión de YPF y del gobierno (que volvieron a subir este sábado).

Zaiat termina centrando el problema en la especulación política del poder económico que está lanzado a “erosionar al gobierno de Alberto Fernández” y darle “un revés en las elecciones de medio término”. Por eso la salida que propone es “fortalecer la estrategia política frente al poder económico”.

Si con “estrategia política” se refiere a la “coordinación, mediante acuerdos y regulaciones” que viene impulsando el gobierno, no parece que pueda tener algún éxito. Porque no lo tuvo hasta ahora. O, mejor dicho, sólo tuvo éxito para las grandes empresas.

Algo que reconoce el propio ministro de economía en la entrevista que publica hoy el diario Clarin. “Los sindicatos respondieron de una forma responsable, alineada con los objetivos macroeconómicos, cerrando paritarias en la línea que planteaba la Ley de Presupuesto. Del otro lado, falta trabajo por hacer”, afirma Martín Guzmán. Las conducciones sindicales negociaron para la pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores, y el gobierno lo saluda.

Del lado empresarial sigue el festival de ganancias, y un gobierno que amenaza y cede al mismo tiempo. En Tiempo Argentino relatan este tire y afloje que juega en la cancha de los grupos económicos más concentrados. Con el aumento del precio de la carne, el gobierno anunció esta semana que apunta a subir las retenciones a la exportación del sector y hasta evalúa prohibirlas. La respuesta fue la esperable: el coro de la UIA, la Copal, la Sociedad Rural y otras cámaras empresariales pusieron el grito en el cielo. “Al cierre de esta nota las medidas no se habían publicado en el Boletín Oficial” finaliza el relato.

El modus operandi del gobierno con el gran empresariado cuenta con una serie de capitulaciones a favor de sus intereses. Muy distinto al trato con las y los trabajadores, sobre todo cuando se organizan de manera independiente de las conducciones sindicales burocráticas.

El presidente Alberto Fernández dijo en su último anuncio que “el sistema de salud se relajó” y volvió a estallar la bronca de la primera línea que viene con protestas por reclamos salariales y de condiciones de trabajo. Al otro día tuvo que salir a dar explicaciones y corregirse.

El horno no está para bollos con el personal de salud. El conflicto de Neuquén es la otra cara de las declaraciones de Fernández y Guzmán. Se están organizando como autoconvocados, en oposición a la conducción sindical burocrática de ATE y UPCN que firmaron un acuerdo salarial a la baja que es rechazado masivamente. Una organización poderosa que hace más de 10 días ininterrumpidos tiene piquetes en las rutas del petróleo, en Vaca Muerta y otras regiones. Frente a las propuestas miserables del gobierno provincial en la mesa de negociación, las medidas se mantienen y multiplican: de 5 cortes que había en las primeras mesas de negociación, pasaron a 26 en toda la provincia, con gran apoyo popular y de la comunidad. La cobertura del conflicto, contada desde sus protagonistas, sólo puede encontrarse en La Izquierda Diario desde el primer día.

Es el proceso de lucha más importante del país en estos momentos. Pero no el único. Así se mostró este sábado en el Encuentro de trabajadores ocupados y desocupados en lucha del AMBA, con la participación presencial y virtual de más de 4000 personas que son protagonistas en diversos reclamos. Por despidos, cierres de fábrica, salario, y contra la precarización que es una demanda profunda que aparece cada vez con más fuerza.

Una de las principales resoluciones de este encuentro de coordinación es movilizar este 27 de abril cuando se reúna el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil que convoca el Ministerio de Trabajo. Las y los protagonistas de las luchas van a participar con la bandera de “Unidad de trabajadores ocupados y desocupados”.

El salario mínimo vital y móvil alcanzó en marzo los $21.600, con un impacto a la baja en los planes sociales. Con el aumento de la inflación, quedó $35.000 por debajo del costo de la Canasta Básica Total. Para igualar ese valor debería aumentar un 177%. Un porcentaje que genera espanto y horror en algunos periodistas. Pero sólo porque se trataría de un beneficio para los sectores más pobres, porque cuando se conocen los crecimientos patrimoniales de los ricos, los bancos y grandes grupos económicos, lo festejan con éxtasis y orgullo.

Para graficar el accionar de clase del gobierno, esta madrugada enviaron la policía a desalojar a los trabajadores de la terminar 5 del Puerto de Buenos Aires que llevaban adelante un bloqueo contra la precarización y en defensa de puestos de trabajo. Un sector que ya venía expresando la desilusión con el gobierno del Frente de Todos, y hoy la reafirma al recibir palos y represión frente a sus reclamos.

Funcionales

Los términos del debate público en los grandes medios se sigue encorsetando en la grieta entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Debatir presencialidad o no presencialidad en las escuelas sin hablar del presupuesto educativo necesario para que millones de chicos y chicas tengan acceso a computadoras e internet, a comedores escolares con una vianda saludable. Debatir medidas sanitarias que no cuestionan el ajuste presupuestario y la precariedad a la que se somete al personal de salud. Tampoco la irracionalidad sobre las vacunas que se podrían producir en Argentina.

Las dos coaliciones terminan siendo funcionales a sí mismas, para no poner en agenda medidas estructurales en esta crisis sanitaria, social y económica. Las banderas de la oposición de derecha y el empresariado más concentrado, son utilizadas por el oficialismo para intentar un consenso de miseria y posibilismo. Una operación que termina siendo funcional a no tocar los intereses económicos. Ni de los sectores exportadores, terratenientes, ni del sistema financiero. Ni siquiera de los grandes laboratorios en medio de la pandemia.

Es la clase trabajadora, que empieza ejercitar su fuerza, unidad y coordinación, la que puede cambiar este rumbo.