Foto: France 24

Durante la segunda ola de la pandemia en la Argentina se registra un crecimiento sostenido de casos, en especial en la región de AMBA. Este jueves se registró un
récord en la cantidad de fallecimientos por covid-19: 537, y además se confirmaron 27.216 contagios en el mismo lapso de tiempo, una de las cifras más altas desde el inicio de la pandemia.

La campaña de vacunación está demorada, las vacunas no se entregan a tiempo y los países centrales se acapararon millones de dosis.

El secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, afirmó que “la situación es de mucha tensión en el sistema de salud, estamos en un momento donde el indicador principal que toma más fuerza es el de la ocupación de camas y estamos con una alta ocupación, fundamentalmente en el AMBA que es el epicentro de la segunda ola”, en una entrevista en El Destape Radio.

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El Gobierno decidió aplicar restricciones para la zona del AMBA, entre las cuales resolvió que no se podrá circular entre las 20 y las 6 de la mañana hasta fin de mes, también se suspendieron las clases presenciales. Estas medidas son insuficientes para detener la circulación del virus, fortalecer el sistema de salud y mejorar las condiciones de vida de las mayorías que perdieron el empleo o ingresos con la crisis.

Juntos por el cambio rechazó las restricciones y hace demagogia hablando del “derecho al trabajo y a la educación”. Sin embargo, durante el macrismo hubo destrucción de empleo y recortes a los presupuestos de educación. La pobreza aumentó al 35,5 % en 2019.

Ni el macrismo ni el oficialismo hablan de la necesidad de un Ingreso Familiar de Emergencia, o de aumentar los salarios y jubilaciones, o que se cumpla la prohibición de despidos, por mencionar algunas medidas indispensables ante la suba de la pobreza.

¿Cuáles son las medidas que propone el Frente de Izquierda ante la segunda ola?

 Declarar de utilidad pública el laboratorio mAxbience, del Grupo Insud-Pharma, de propiedad del millonario empresario Hugo Sigman, ubicado en la localidad de Garín, donde se produce el principio activo de la vacuna contra la covid-19, junto con el uso de toda la capacidad técnica-científica del país y la inversión que sea necesaria en los laboratorios públicos, para terminar el proceso de envasado en el país, y así acceder de manera masiva a la vacuna que debe ser considerada un bien social. Así lo expresa el proyecto de ley presentado por el Diputado del PTS en el FIT Nicolás Del Caño.  Plan de testeo masivo, rastreo y aislamiento para terminar con las cadenas de contagio y evitar la circulación del virus. Es necesaria la estatización de los laboratorios que con financiamiento estatal desarrollaron test tanto moleculares, como de detección del desarrollo de anticuerpos, para poder aumentar la capacidad de testeo.  La salud es un derecho humano básico. Es necesaria la centralización del Sistema de Salud, para que todos los recursos disponibles públicos, privados y de obras sociales, estén al servicio de combatir la pandemia, bajo la órbita del Estado y con control de trabajadores y la comunidad. El presupuesto en Salud tuvo un recorte en términos reales de hasta 16 %, es urgente subirlo, para contar con los recursos necesarios.  Comisiones de Seguridad e Higiene independientes, formadas y elegidas por los y las trabajadoras, con el asesoramiento de profesionales y para garantizar las mejores condiciones de higiene y seguridad en las fábricas, establecimientos, escuelas y oficinas, para evitar o reducir el riesgo de contagio.  El Gobierno supuso que no habría segunda ola y eliminó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en el Presupuesto 2021. El bono de $ 15.000 por única vez es insuficiente ante el aumento de la pobreza. Hay que restituir un IFE de $ 40.000 para los que se quedaron sin empleo. Así como también, un salario mínimo de $ 50.000 para activos y jubilados como medida de emergencia, mientras se pelea para que cubra el costo de la canasta familiar. Subas de salarios igual a la canasta y cláusula gatillo para hacer frente a la inflación. Las centrales sindicales tienen que terminar la tregua y convocar a un plan de lucha por las demandas de trabajadores y trabajadoras y de los sectores populares.  Prohibición efectiva de los despidos y de suspensiones con rebaja salarial.  Millones de familias viven hacinadas, sin acceso a los servicios básicos. Por un plan de obras públicas, de infraestructura y viviendas.  Un nuevo acuerdo con el FMI significará mayores ajustes contra el pueblo trabajador. Recursos hay, pero se destinan al pago de la deuda. Es necesario el desconocimiento soberano de la deuda, junto a medidas como la nacionalización de la banca, que asegure los depósitos para los pequeños ahorristas y otorgue crédito barato, y del comercio exterior que hoy está privatizado en pocas empresas que chantajean al país y manipulan sus operaciones con filiales extranjeras.

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