La Guardia Civil procedió a la detención de dos personas y la investigación de 143 (29 de ellas en la Región), de las cuales 41 son personas jurídicas, como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental, estafa y organización criminal para el cobro ilegal de las ayudas de la política agraria común (PAC).

Esta operación, que comenzó en diciembre del año 2019, tuvo como objetivo destapar una trama de cobro ilegal de ayudas de la política agraria común (PAC), al haberse tenido noticias de irregularidades en la zona del Valle de Alcudia, relacionadas con el pastoreo y fertilización de pastos. Durante los registros efectuados se intervinieron ocho armas de fuego que se encontraban en el domicilio del principal responsable de la organización, detenido además por un delito de tenencia ilícita de armas.

En total fueron detenidas dos personas en la provincia de Ciudad Real, e investigadas 102 personas físicas, de las cuales 29 lo fueron en la Región de Murcia, una en Ciudad Real, una en Alicante y 71 en Toledo. Igualmente fueron investigadas 41 personas jurídicas, 33 de ellas en la provincia de Toledo y 8 en la Región.

Durante las investigaciones se constató la existencia de una trama organizada que en los últimos años se encargó de poner en contacto a ganaderos, propietarios de tierras, gestorías y empresas de gestión de derechos de la PAC, en todo el territorio nacional, que recibieron ayudas por haber ejercido labores de pastoreo, modificado posteriormente esas labores hacia la fertilización de pastos, sin llegar, en ningún momento, a efectuar ninguna de las dos.

Los integrantes de la red investigada no dudaban en realizar todo tipo de falsedades documentales, presentando documentación falsa para aparentar ante el órgano administrativo encargado del otorgamiento de las ayudas de la PAC una apariencia de realidad.

Del análisis de más de 100.000 documentos, de las conversaciones mantenidas con la administración autonómica y a la espera de informes solicitados a autoridades europeas antifraude (OLAF), el fraude podría superar los 50 millones de euros. Las diligencias y los detenidos fueron puestos en conocimiento del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Puertollano.