Carlos González, en la Ciudad de la Justicia de Córdoba | MADERO CUBERO

Después de casi dos meses de tranquilidad ésta parece romperse otra vez. Otorgado el protagonismo al plano deportivo desde tiempo atrás, resurge la problemática, que ya no fuera tal, en torno a la propiedad del Córdoba. Así es tras la decisión adoptada por Carlos González -o de Azaveco, su sociedad, más bien- de recurrir de nuevo la venta de la unidad productiva de la SAD original a Infinity por medio de Unión Futbolística Cordobesa (UFC). Porque el tinerfeño presenta ante el Juzgado de lo Mercantil de la ciudad una demanda incidental en la que reclama la nulidad del proceso, cerrado el 14 de septiembre con la firmeza jurídica dictada por Fernando Caballero, juez encargado del caso tras la recusación de Antonio Fuentes -titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 y quien firmara los autos iniciales en noviembre y diciembre-.

Según ha informado ABC Córdoba en su edición digital de este viernes, Azaveco -o lo que es lo mismo, Carlos González- ha elevado a sede judicial una demanda contra la administración concursal del Córdoba CF SAD, en la persona de Francisco Estepa, y la propia UFC. El objetivo, tal y como ha apuntado el mencionado diario, es dejar sin efecto el concurso de acreedores iniciado en noviembre del pasado año y que supuso la apertura del procedimiento y posterior cierre de la venta de la unidad productiva de la sociedad original. El escrito llegó al Juzgado de lo Mercantil el 10 de noviembre, han indicado los compañeros Javier Gómez y Fernando López, y el recorrido que pueda tener en la Ciudad de la Justicia es una incógnita por ahora.

En la demanda, Carlos González ha argumentado en relación a la puesta en marcha del segundo concurso de acreedores sin haberse cerrado, en el momento inicial, el primero. Es decir, el proceso abierto en 2011 y con convenio de 2012, que se cerró con posterioridad a los autos dictados por el juez Antonio Fuentes. Precisamente este hecho es la principal base del escrito presentado por Azaveco, al considerar que se produjo una superposición indebida “y de manera contraria a la ley y el sentido común”, dos procedimientos concursales. Además, se señala que los requisitos para la participación en la venta de la unidad productiva de la SAD hacían “prácticamente imposible” a cualquier otra sociedad que no fuera UFC entrar en liza.