La Asociación de Restaurantes (ASORE) consignó hoy, jueves, su oposición a las enmiendas propuestas a la llamada Reforma Laboral del 2017 al adherirse a una ponencia presentada en la Cámara de Representantes por la Coalición del Sector Privado y añadir ciertas objeciones particulares.

Por su parte, el profesor de Derecho Laboral, Jaime Sanabria, recomendó una serie de enmiendas para llegar a una especie de punto medio entre el estado de derecho actual y el que imperaba antes de la Ley 4-2017. Sin embargo, recomendó no regresar al viejo escenario en que imperaba la Ley de Cierre.

Representantes de ASORE y Sanabria participaron hoy en la última vista pública que atendió el Proyecto de la Cámara 3, de la delegación popular, que pretende retrotraer el estado de derecho laboral a como se encontraba antes de la vigencia de la Ley 4-2017.

El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara, Domingo Torres, ha señalado que la medida será modificada para mantener ciertos aspectos de la Ley 4-2017, que no será derogada. También ha dicho que considerará ciertos elementos para provocar lo que ha llamado un “balance” entre el sector patronal y los obreros.

Antes de comenzar la vista, Torres consignó para el récord que en tres ocasiones se le solicitó una ponencia a ASORE y el gremio, supuestamente, no contestó. Finalmente lo hizo hoy. Casi al finalizar la participación de ASORE, el legislador indicó que el gremio no pudo presentar dato alguno que refleje los beneficios de la Ley 4-2017 sobre el sector que representan.

En la ponencia de ASORE, firmada y leída por su presidente José Vázquez Barquet, señala que la Ley 4-2017 apenas ha tenido cuatro años para entrar en efecto y lo ha hecho en medio de momentos atípicos como la recuperación de dos huracanes, la incertidumbre política del Verano de 2019 y la pandemia. Todos estos elementos, por lo tanto y según la apreciación de Vázquez Barquez, provocaron que los números del mercado laboral no necesariamente reflejen el impacto de la ley promulgada por el pasado gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Por lo que, la derogación de la Ley 4 no debería ser el norte, sino su revisión”, señaló Vázquez Barquet, quien no hizo una sola propuesta de enmienda al proyecto, más allá de señalar que la Comisión de Relaciones Laborales debe hacer un “análisis comprensivo” de la ley.

“La creación de empleos depende, en gran medida, de cuán competitivos seamos. Tanto la legislación laboral, como contributiva, así como los procesos de obtención de permisos y costos de utilidades son, en conjunto, los temas en que, tanto esta legislatura como la actual administración de gobierno, deben enfocar esfuerzos para promover un verdadero desarrollo económico. Eliminar una ley que ha traído flexibilidad a la relación patrono-empleado, manteniendo los derechos adquiridos bajo las leyes laborales anteriores, no propicia la competitividad que el país necesita”, agregó.

Expertos en derecho laboral han resaltado como la Ley 4-2017 sí ha tenido un impacto directo sobre los derechos adquiridos de los trabajadores.

En el caso particular de la industria de restaurantes, señaló Vázquez Barquet, se trata de una industria donde abundan los trabajos a tiempo parcial -entre 40% y 60% por restaurante-, aunque no describió a sus trabajadores como diestros y que no requieren preparación académica.

Argumentó que la aprobación de la Ley 4-2017 provocó un aumento en este tipo de empleo. Sin embargo, Vázquez Barquet falló en mencionar que la Ley 4-2017 también aumentó el tiempo probatorio y aumentó el número de horas requeridas para cualificar para el Bono de Navidad, afectando directamente a los empleados a tiempo parcial.

“Los acuerdos de flexibilidad de trabajo dispuestos por la Ley 4 nunca han sido obligatorios para los empleados, sino que son voluntarios y representan para muchos una manera de ajustarse a sus necesidades. De hecho, la Ley 4 es severa en las penalidades por represalias que se podrían imponer a un patrono que pretenda obligar a un empleado a trabajar en una jornada comprimida”, señaló.

Vázquez Barquet describió la ley como un “paso en la dirección correcta” en los esfuerzos para crear empleos, dijo que sería una terrible idea derogarla y describió la tasa de participación laboral de 40% como “una vergüenza”.

“Nuestros empleados ya gozan de amplias protecciones laborales... están más que protegidos”, señaló.

Torres coincidió en que es necesaria legislación para aumentar la tasa de participación laboral, pero señaló que nadie ha podido demostrar que la Ley 4-2017 ha creado empleos, cuando era parte fundamental detrás de la aprobación del estatuto. No obstante, sostuvo que se pueden reconocer situaciones como los huracanes, la pandemia y los terremotos del sur.

Según Vázquez Barquet, la Ley 4-2017 tuvo “muchas bondades” (para las pequeñas y medianas empresas, o pymes) al reducirse el pago del tiempo extra (a tiempo y medio), al igual que la reducción en el cálculo del Bono de Navidad.

“Los negocios, mientras menores sean sus costos, mayor sería su capital para hacer negocios”, dijo.

No obstante, Torres argumentó que el flexitime permite que un trabajador labore en exceso de 10 horas diarias -y cuatro días a la semana- sin que el patrono pague tiempo extra a partir de la octava hora y el legislador ha puesto en duda que el trabajador realmente tenga el poder de rechazar la petición de un patrono para que acepte un acuerdo de ese tipo.

Vázquez Barquet, incluso a preguntas de Torres, no enumeró cambios a la Ley 4-2017 que puedan beneficiar exclusivamente a los trabajadores. Sí dijo que podría proponer cambios “pero para flexibilizar más, no dar más beneficios”.

“No se nos ocurre nada”, dijo Vázquez Barquet, al insistir en que lo verdaderamente importante es que el sector privado pueda crear más empleos. El empresario insistió en deslindar la posibilidad de que se creen más empleos con el potencial de reconocerle derechos adicionales a los trabajadores.

“La Reforma Laboral existente cubre todos los beneficios que se le pueden dar a los empleados”, dijo el presidente electo de ASORE, Mateo Cidre.

Sin embargo, Sonia Navarro, también representante de ASORE, dijo que se podría reevaluar el tiempo probatorio, que fue aumentado con la Ley 4-2017 a nueve meses para la mayoría de los empleados. “Pero no llevarlo a tres meses”, dijo Navarro. Vázquez Barquet avaló el comentario de Navarro, pero resaltó que el tiempo probatorio debe ser mayor para empleados “especializados” ya que representa una inversión mayor para el patrono.

Sobre la tasa de acumulación de .5 días de vacaciones por mes -si se acumulan 130 horas mensuales- a los empleados con menos tiempo trabajando, Navarro indicó que la acumulación es justa. Los empleados a tiempo parcial también tienen problemas en acumular para el Bono de Navidad pues tendrían que trabajar al menos 1,350 horas anualmente. Con el estado de derecho previo cualificaban para el Bono de Navidad con 700 horas trabajadas al año.

De hecho, Vázquez Barquet señaló que ese incremento en horas mínimas a 130 benefició a los empleados porque podrían trabajar más horas, con más ingreso inmediato, sin que se le reconozcan más beneficios marginales.

El representante José Bernardo Márquez recordó que economistas han coincidido que la flexibilidad patronal laboral y la desregulación tienen implicaciones negativas sobre los trabajadores y tampoco ha producido crecimiento económico, pero sí empleados mal pagos.

A preguntas de Márquez, Vázquez Barquet indicó que el promedio de horas mensuales trabajadas varía por el tipo de negocio, pero que ha aumentado por la carencia de empleados disponibles. “Están por encima de 30 horas, o por lo menos, es la experiencia en mi negocio”.

Vázquez Barquet rechazó que el umbral de 130 horas mensuales mínimo para acumular licencias de vacaciones y días de enfermedad deba ser rebajado, a pesar de que esa cifra deja fuera del beneficio a empleados que trabajan 30 horas al mes. “Lo que dispone la ley es justo para las partes.... sería un costo adicional para el patrono”, dijo.

“La ley, como está, es justa para todas las partes y no se debe enmendar”, insistío Vázquez Barquet al descartar como una alternativa viable poner en vigor ciertos cambios legislados por la presente Legislatura en momentos más allá de la firma de la ley o que se trate de manera distinta a pequeñas y medianas empresas.

El lunes, la Coalición del Sector Privado rechazó la derogación de la Ley 4-2017 porque dar paso “a una medida tan radical pudiese desequilibrar la economía local”.

El organismo, que agrupa a unas 35 asociaciones, alegó que la oposición pública al estatuto se debe a la repetición de información errónea y a que sus críticas están sustentadas en tres premisas “incorrectas”, como que le quitó los derechos adquiridos a la clase trabajadora, que es perjudicial para los trabajadores y que el fin de su aprobación fue favorecer al sector empresarial.

“Se pierde de vista que el objetivo de la Ley 4 fue establecer mejores condiciones para la creación de empleos en el sector privado, lo que beneficia a todos. La Reforma Laboral fue una transformación abarcadora, integral y holística. En ese sentido, el objetivo de la Reforma Laboral fue lograr un bien común: una economía robusta y creciente”, alegó el doctor Francisco Montalvo, coordinador de la Coalición en la ponencia presentada a la Cámara el lunes.

Sanabria propone enmiendas

Por su parte, Sanabria propuso, en lo concerniente a los periodos probatorios, que debe ser el mismo tiempo para todos los empleados y que debe ser de seis meses, aunque el patrono podría solicitar autorización, dependiendo de la industria o el tiempo de empleado, al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para, en ciertos casos, extender ese periodo.

“Lo que propongo respecto a este tema es un balance entre lo que es la competitividad de hacer negocios en Puerto Rico, en términos de la flexibilidad que necesitan tener los patronos en Puerto Rico, y el interés de los empleados en Puerto Rico de proveerles certidumbre en cuanto a su seguridad de empleo se refieren”, señaló.

Sanabria señaló que la Ley 4-2017 no provocó una mejoría en la economía y tampoco hizo a Puerto Rico un país más competitivo. Sí ha forzado, según dijo, que trabajadores se vean forzados a cumplir con más de una jornada laboral ya que lo más que abundan son trabajos a tiempo parcial y no se ha ajustado el salario mínimo.

Señaló, a preguntas de Torres, que la Legislatura tiene la oportunidad de mejorar los beneficios de vacaciones y días de enfermedad a empleados jóvenes que le pueden dar más importancia a estos beneficios que generaciones previas enfocadas en mejores salarios.

“La gente piensa que el patrono está en un extremo y los trabajadores en el otro... pero hay patronos que reconocen ya licencias de paternidad, que es algo que hay que atender inmediatamente”, dijo Sanabria.

Sobre el tema de la mesada por despido sin justa causa, recordó que la Ley 4-2017 redujo la fórmula de la Ley 80-1976 y estableció un tope para que, en ningún caso, la indemnización requerida al amparo de dicha ley exceda la cuantía correspondiente a nueve meses de sueldo.

“El cambio de la Ley 4-2017, respecto a la fórmula, es positivo y debe permanecer. Sin embargo, propongo que el tope que trajo consigo la aprobación de la Ley 4-2017 se elimine. Existen casos que ameritan que se exceda el pago correspondiente a nueve meses de sueldo”, manifestó .

“El tope reduce la relación de empleo a un cálculo de riesgo”, dijo Sanabria.

Sanabria, quien aprovechó su turno para mencionar que Puerto Rico debe subirse a la ola mundial de reducción de horas por semanas, aunque por la misma paga, indicó que con la aprobación del nuevo Código Civil se eliminaron las protecciones a empleados temporeros y contratados a término fijo en lo que concierne a que ahora pueden ser despedidos sin justa causa.

“Algo que bien podría incluirse en el PC 3 es restituir las protecciones que tenían estos empleados antes a la puesta en vigor de la Ley 55 de 2020 (nuevo Código Civil) y establecer un tope de reclamación en el caso que sean despedidos sin justa causa”, señaló Sanabria.

El profesor también recomendó que la Ley 80-1976 debe ser enmendada para que aplique a empleados temporeros y los empleados contratados a término fijo, disponer que estos empleados despedidos sin justa causa o quedando tres meses o más del cumplimiento del término de sus contratos tengan derecho a recibir una indemnización equivalente a tres meses de sueldo y los despedidos con menos de tres meses restantes de contrato tengan derecho a recibir una indemnización correspondiente al sueldo que hubiesen recibido durante el periodo restante del mismo.

En lo que concierne a la acumulación de licencias, Sanabria señaló que la disminución en la acumulación de estos beneficios con la Ley 4-2017 perjudicó a los trabajadores, mientras igualmente le ha complicado el trabajo a los patronos que tienen que calcular la acumulación mensual de ese beneficio tomando en cuenta los años de servicio de cada empleado. Sanabria avaló la propuesta contenida en el PC 3 de que todo empleado pueda acumular 1.25 días de vacaciones al mes, pues beneficia a los empleados con menos de 15 años de servicio y le facilita el trabajo a los patronos.

Incluso, acogió la alternativa de que se reduzca ese mínimo de horas mensuales a 80, como lo recomendó el representante Márquez.

“Se les tienen que reconocer los beneficios de descanso y de enfermedad”, dijo, al referirse a los empleados a tiempo parcial y señalar que se trata de una acción de justicia social que sí debería ser aplicada según las capacidades del patrono y el número de empleados. “Eso redunda en su salud, afecta su familia, sus hijos y su vida”.

Torres mencionó la posibilidad de incrementar la tasa de acumulación de días de licencia, pero diferenciar ese aumento aplicable a empleados a tiempo parcial y a tiempo completo. Sanabria coincidió, “pero sin afectar a los comerciantes”, pero insistió en que se tiene que hacer un estudio al respecto.

Sanabria hizo un llamado a la Comisión de Relaciones laborales a que se legislen derechos laborales para los cuentapropistas (como lo son los conductores de redes de transporte) y los empleados voluntarios. Igualmente que se atienda la falta de derechos a hombres que logran la paternidad subrogada.