La suspensión del Concurso Público de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social para la selección y designación de 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) es la medida cautelar que solicitan los abogados Pedro Moreira Peña, Joe Ocaña y David Carrión, quienes presentaron, en Guayaquil y Quito, acciones de protección por presuntas irregularidades en el proceso.

Las quejas se presentaron tras vencer el pasado jueves el plazo para que los aspirantes presenten sus pedidos de recalificación una vez que el Consejo de la Judicatura (CJ) les notificó los resultados de la fase de calificación de méritos (académicos, formación, experiencia, etc.). Según el CJ, 100 de 115 postulantes cumplieron los requisitos y estarían habilitados para la fase de méritos que estará valorada con 25 de los 100 puntos que se calificará a cada participante.

Moreira dice que presentó este viernes la acción de protección por cuanto desde el primer día del concurso el 8 de julio pasado se registraron problemas en la plataforma de postulación, por lo que al no contar con un medio posible decidió exponer su problema vía Twitter, a la cuenta del CJ. El 15 de julio recibió un mensaje interno de la entidad preguntándole si el problema se había solucionado y sugiriendo que informara al correo electrónico concurso.cortenacional@funcionjudicial.gob.ec

"Me respondieron, me generaron un link para que resetee mi usuario, lo hice y ahí puede ingresar toda mi documentación, el 21 de julio del 2020 presenté en digital mi postulación y al día siguiente la presenté en forma física, mi sorpresa es que cuando ya tienen el informe de los méritos yo estoy como que no hubiese presentado mi postulación en forma digital", señala.

El 27 de agosto Moreira envió una carta al CJ indicando que sí presentó su postulación y que solicitaba que la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones le certifique, primero, si ese día 21 de julio, de 15:00 a 17:00, en que se postuló, hubo algún error en el sistema informático en ese lapso de tiempo y que también le certifiquen si el sistema o la plataforma del concurso había presentado errores desde el primer día del proceso.

En la acción de protección Moreira señala que el 23 de octubre, mediante correo electrónico, recibe un oficio suscrito electrónicamente del director general del CJ, Pedro Crespo, en el que se le indica de forma escueta que su proceso de postulación no concluyó y no se aclara si la plataforma de postulación presentó o no errores o inconsistencias, "como ahora se advierte públicamente que sí ocurre".

"Cómo puede el CJ entregarle a la ciudadanía un grupo de jueces de Corte Nacional si no se sabe cómo fueron electos esos jueces, si no se sabe si el sistema tuvo o no problemas si son puestos a dedo o no 8...)", cuestiona Moreira.

Por ello, como medida cautelar solicita la suspensión del concurso y se disponga al CJ que proceda a dar de baja el concurso para jueces y se convoque un nuevo concurso transparente e imparcial.

En Quito, el pasado jueves los abogados Ocaña y Carrión presentaron una acción de protección solicitando también la suspensión del concurso por cuanto la resolución del pleno del CJ, del 15 de septiembre pasado, afecta los parámetros de estabilidad del mismo.

Según el escrito, el pleno del CJ resolvió subsanar en la Tabla 2 (Ponderación de la fase de méritos) del artículo 36 del Reglamento para este concurso "el segundo ítem de la ponderación de la experiencia profesional, sustituyendo el cálculo numérico correspondiente a cada documento, de 0,50 a 0,66. Afectando así la previsibilidad de todo el concurso público (...)”.

Los denunciantes señalan que "existen varias denuncias de parte de sectores sociales y de los postulantes, cuestionando la opacidad, irregularidad y falta de transparencia, mismos que se ha denunciado y que por ejemplo, no se ha tenido acceso a la información y toda la documentación aparejada de los postulantes, esta negativa obviamente deja dudas respecto a los méritos que pueden tener uno y otro candidato; y, convierte a la calificación y futura selección de los jueces en subjetiva y arbitraria".

Además, solicitan que la audiencia pública sea transmitida públicamente a través de los canales digitales disponibles del Consejo de la Judicatura.

Un juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales, con competencia en delitos flagrantes, de Guayaquil y un juez de la Unidad Judicial de al Familia, mujer, niñez y adolescencia de Quito les corresponderá, por sorteo, tramitar ambas acciones de protección.

Veeduría Ciudadana

El pasado martes el pleno del CJ trató el incidente ocurrido el 6 de noviembre pasado, en esta fase del concurso, cuando los postulantes recibieron un correo electrónico con las supuestas calificaciones finales. El director general del CJ indicó que este hecho es entendido como un "error" de algún operador que lo cometió involuntariamente.

Esperanza Salazar, parte de la Veeduría Ciudadana al proceso de selección, ha dado a conocer en el pleno del CJ su preocupación sobre la vulnerabilidad del sistema informático.

Delia Rosales y Manuel Calero, de la comisión veedora asistieron a la rueda de prensa de Moreira.

Rosales dijo que la tarde de este viernes mantendrían una reunión en pleno para recibir a otros postulantes que les han solicitado y presentarán un informe al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). "Estamos trabajando. No nos es fácil acceder a la información, no nos es fácil tener tener toda la documentación, pero hoy es una decisión decisiva respecto a nuestro pronunciamiento del concurso (...) también hemos hecho observaciones al reglamento y será parte de nuestro informe", indicó.

"A la veeduría le preocupa que inicialmente hubo 360 participantes (y) que, extraoficialmente conocieron, sin ninguna justificación documentada pasaron cien. Nuestra pregunta es qué ocurrió, porqué se quedaron fuera del concurso del resto de postulantes por fallas del sistema (...)", indicó Rosales. (I)