Las políticas públicas para personas sin hogar cumplen cinco años entre el abandono y la dejación


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Las políticas públicas para personas sin hogar cumplen cinco años entre el abandono y la dejación

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Cinco años después de su puesta en marcha, las medidas para frenar el creciente problema del sinhogarismo en España se han demostrado muy débiles y deficitarias, y es prácticamente imposible que se cumplan los objetivos establecidos para este año 2020. Así lo asegura el informe del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas (IEPP) sobre la implantación de la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar, un plan que ha navegado entre la dejación y el olvido desde su aprobación en 2015.

Entre otros problemas de calado, el documento destaca fallos estructurales como la falta de seguimiento y evaluación de la Estrategia, el bajo nivel de implicación y coordinación de las distintas administraciones o la ausencia de objetivos cuantificables y de mediciones. La lista de  defectos acumulados es tan amplia que el órgano, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, desaconseja una nueva evaluación del plan para el año que viene, ya que es de esperar que apenas se registren cambios respecto de la situación actual. Frente a ello, el IEPP propone el diseño de una nueva Estrategia, con mayor implicación y compromiso de las administraciones, para abordar los problemas que sufren las personas sin hogar. 

Los datos recopilados por el Instituto, basados en los cinco objetivos generales y las 111 medidas específicas de la estrategia dirigida este colectivo, no hacen más que corroborar el escaso avance que se ha logrado en un momento en el que apenas quedan unos pocos meses de que finalice el periodo de cinco años que se estableció para el desarrollo del plan.

A enero de 2020 el grado de implementación de la Estrategia por parte de la Administración General del Estado apenas llegaba al 38%

Así, a enero de 2020 el grado de implementación de la Estrategia por parte de la Administración General del Estado apenas llegaba al 38%. Entre otros asuntos, el órgano de evaluación destaca que “no se evidencia un impulso claro en la implementación en las medidas referidas a vivienda”, una de las principales herramientas para abordar y prevenir el sinhogarismo.

En el plano autonómico la situación es incluso peor, con un grado de implementación que apenas llega al 25% y donde hay diez comunidades que se sitúan por debajo de ese porcentaje. Pese a que existen regiones en las que el desarrollo es amplio, como País Vasco (77,3%) o Castilla la Mancha (56%), el IEPP asegura que no se prevé que ninguna llegue a tiempo de implementar todas las medidas estratégicas destinadas a las personas sin hogar al finalizar este año.

Por último, “ninguna de las 89 medidas de ámbito local propuestas por la Estrategia nacional se realiza o existe en todos los municipios” del país, donde el nivel de implementación general asciende al 32,6% y donde solo dos ciudades –Madrid y Valencia– presentan un alto grado de cumplimiento. 

Uno de los apartados donde el IEPP se muestra especialmente crítico es el de la disposición de recursos para la consecución de la Estrategia. Según el órgano, “la ausencia de un presupuesto detallado y de compromisos financieros para la ejecución de la estrategia ha influido notablemente en la implicación de las administraciones y en la implementación de la ENI-PSH”. Esto ha conducido, según el órgano de evaluación, a que el Plan Nacional haya quedado relegado a poco más que un documento marco supeditado a la financiación general de los servicios sociales, en lugar de convertirse en una herramienta de desarrollo con un presupuesto asociado y definido.

Algo similar ha sucedido tanto con el modelo de gestión de la Estrategia como con los mecanismos de seguimiento y evaluación. En el primer caso, el IEPP subraya “la ausencia de un liderazgo claro –como el que deberían tener la secretarías de servicios sociales o vivienda– que impulse el despliegue e implementación de la  ENI-PSH”.

Por su parte, tampoco se ha puesto en marcha ninguno de los mecanismos más básicos de evaluación de políticas públicas, como podrían ser los comités o las comisiones de seguimiento. A esto se une un déficit importante en el envío de información “sobre la ejecución de medidas”, entre las que se incluye un apartado tan sensible como la concesión de subvenciones.

En última instancia, el órgano de evaluación apunta a un problema de base que ya han denunciado otras plataformas y organizaciones del tercer sector: el propio diseño del plan y la definición y acotación del problema del sinhogarismo, que se ve agravado por el crecimiento de otros fenómenos adyacentes como la exclusión residencial. Prueba de esto es la ausencia de datos armonizados y actualizados sobre la cantidad de personas que sufren estas situaciones –los últimos datos del INE son de 2012– o la invisibilización que aún sufren las mujeres sin hogar.

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