El poder de un eufemismo


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El poder de un eufemismo

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“A los traductores les enloquecen los sinónimos”, se quejaba, y con razón, Milan Kundera. Es un prejuicio escolar: en la escuela nos enseñan a no repetir palabras, a buscar equivalencias, a evitar la presunta cacofonía de la reiteración. En el fondo es un prejuicio elitista, y por extensión también clasista, pues parte del supuesto de que las clases populares manejan menos vocabulario que las clases altas o cultivadas, cosa que solo ocurre si dejamos fuera de la conversación los temas y asuntos que preocupan a las clases populares y glosamos únicamente los hábitos y costumbres de las clases ociosas. Obsérvese con qué mala uva he usado dos pares de supuestos sinónimos (“temas” y “asuntos”, “hábitos” y “costumbres”) de manera innecesaria, tan solo para ilustrar la tesis que trataba de defender.

También decía Kundera que no hay sinónimos: “Cada palabra tiene su sentido propio y es irremplazable”. En el discurso político, es todo un arte la creación de eufemismos aun donde no haya sinónimos: se sustituyen expresiones por la simple necesidad de evitar que se pronuncien y se piensen. Así es como han llegado a ver la luz mamotretos semánticos como “cese temporal de la convivencia”, “indemnización en diferido” o “actividad extracontable sin carácter finalista”. No son, con todo, tan eficaces como podría parecer. De hecho, tanto su longitud como su sonoridad insólita nos previenen de que hay gato encerrado, es como si encendieran un foco sobre su condición de engaño deliberado. Por eso es más habitual que se busque la pura sinonimia, la sustitución automática de una palabra por otra.

Al igual que los mates en el baloncesto, los eufemismos tienen que ser rápidos y contundentes para poder puntuar de inmediato: por eso “desaceleración” sustituye eficazmente a “recesión”, disfrazando de contratiempo sin importancia una crisis económica estructural, del mismo modo que se prefiere el sustantivo “moderación” para acompañar al adjetivo “salarial”, y no “congelación”, que se enfadan los sindicatos. Siempre hay un sinónimo a mano. Lo malo es que, como apuntaba Kundera, no hay sinónimos estrictos: cada palabra viene con sus connotaciones de serie, y a veces estas forman parte de lo que se quiere transmitir y otras son un efecto secundario.

No tengo muy claro cuál de las dos situaciones es la que se da con el término “confinamiento”. No es una elección arbitraria y a todas luces trata de evitar términos más inquietantes como “encierro” o “reclusión”. El Diccionario panhispánico del español jurídico define el confinamiento como una “pena restrictiva de libertad consistente en conducir al reo a un pueblo o distrito situado en territorio peninsular o insular, en el que debía permanecer en libertad bajo la vigilancia de la autoridad”, pero modestamente creo que se trata de una interpretación errónea, basada en los mecanismos previstos por el Código Penal de 1973 para la aplicación de una pena que esencialmente consistía no tanto en el traslado cuanto en la “libertad bajo la vigilancia de la autoridad”. Sea como sea, el confinamiento implica una restricción de derechos y la sujeción de los movimientos del penado a la vigilancia de las autoridades. En todo caso, es una pena, esto es, un castigo, que se impone como resultado de haber sido hallado culpable de un delito.

Véase cómo el uso de un eufemismo nos ha colado de rondón la connotación de la culpa y el castigo. Por no usar las palabras “reclusión” o “encierro”, que habrían resultado intolerables en el discurso político de una sociedad democrática, se ha acabado empleando una palabra aparentemente más liviana pero que pertenece igualmente al campo de los delitos y las penas. Este tipo de elecciones se ampara a veces en la escasez, esto es, en que no hay sinónimos mejores, pero no es el caso: “aislamiento” o “cuarentena” habrían servido al mismo propósito y nos habrían acercado mucho más al ámbito del lenguaje médico, alejándonos proporcionalmente del lenguaje penal. Debemos concluir, pues, que se eligió “confinamiento” de manera deliberada, en el contexto de una declaración de estado de alarma y con la consciencia de que se trataba de una restricción de derechos y libertades fundamentales amparadas por el texto constitucional de forma transitoria y sujeta a refrendo parlamentario.

Ninguna de esas condiciones se da cuando un gobierno autonómico decide unilateralmente “confinar” un barrio, un distrito o un municipio: ni hay estado de alarma ni hay refrendo parlamentario ni es algo previsto por el texto constitucional. Mucho menos se dan esas condiciones cuando una persona dice que se confina voluntariamente o cuando los gobiernos piden a la ciudadanía que lo haga. Si el confinamiento es una pena, confinarse voluntariamente viene a ser como castigarse uno a sí mismo, imponerse uno a sí mismo lo que se tiene merecido al hallarse culpable de algo. El cilicio. El flagelo. La postración conventual.

Esta deriva semántica no tiene nada que ver con la responsabilidad individual ni con la necesidad, avalada por la mayor parte de la comunidad científica, de recurrir al aislamiento y la cuarentena para frenar la propagación de la enfermedad. Es de sentido común que, si una persona presenta síntomas compatibles con una enfermedad contagiosa, evite el contacto con sus semejantes. Los plazos razonables para una cuarentena preventiva en caso de sospecha de covid-19 o PCR positiva parecen suficientemente respaldados por la práctica médica. De modo que no es eso lo que deberíamos cuestionarnos en principio, pero sí una elección semántica que difumina la frontera entre la cuarentena médica y la suspensión de derechos y libertades. Así, los confinamientos decretados por los poderes autonómicos desde que se levantó el estado de alarma no parecen tanto medidas sanitarias cuanto réplicas a escala autonómica o municipal de una medida excepcional adoptada en un momento de crisis médica global.

Tanto si es impuesto como si es voluntario, el confinamiento supone una limitación y, por tanto, una delimitación. Una restricción de movimientos pero también de afectos y aspiraciones: se traza un límite entre el conjunto de actividades que podemos realizar y las que se han vuelto, de momento, impracticables. El límite (el confín) cae como la barrera de un paso a nivel, impidiéndonos el acceso a una zona de nuestra existencia que hasta hace poco era parte de lo cotidiano. Su traducción espacial no es nada sutil: una cinta amarilla delimitando el parque infantil, la zona de juegos que ya no se puede pisar, el columpio al que no se puede subir. O bien (traducción temporal) el toque de queda que obliga a cerrar los bares y genera la engañosa impresión de que el virus se propaga más eficazmente de noche que de día: ecos, quizá, de otras enfermedades y otras épocas en que también se tendía a mezclar la higiene y la moral (y el consumo de alcohol).

Más difícil es explicar que el confinamiento implique la privación del derecho a votar, como ocurrió este verano en algunos municipios de Galicia y Euskadi. Es como si asociáramos, subrepticiamente, salud y ciudadanía: como si solo estar sanos nos habilitara para ser ciudadanos completos, con todos los derechos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico. Como si el número de contagios aumentara en función de nuestra culpa colectiva y tan solo la penitencia correspondiente, la “libertad bajo la vigilancia de la autoridad”, nos permitiera recuperar, con la salud perdida, la ciudadanía que no supimos merecer.

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